Los debates presidenciales están otra vez en el centro de la polémica en Colombia. Iván Cepeda no asistió a dos encuentros recientes: uno durante la cumbre de gobernadores y otro organizado por Noticias Caracol. Tampoco se presentó Abelardo de la Espriella en el segundo evento, argumentando conflictos en su agenda. Pero esta situación no es nueva. En 2022 pasó algo similar cuando Gustavo Petro rechazó participar en algunos debates durante la primera vuelta y Rodolfo Hernández hizo lo mismo en la segunda vuelta, impidiendo que los dos finalistas se enfrentaran en público antes de las votaciones de junio.

Estas ausencias reiteradas han encendido las alarmas en el Congreso. Así que varios congresistas han intentado frenar este problema mediante proyectos de ley que obliguen a candidatos a alcaldías, gobernaciones y la presidencia a asistir a debates organizados por academias, gremios y medios de comunicación. En la legislatura actual (2022-2026) se han radicado dos iniciativas con este objetivo, aunque ninguna ha prosperado.

El primero provino de David Racero, del Pacto Histórico. Su propuesta planteaba que los candidatos que se nieguen a debatir enfrenten una sanción económica: una reducción del 25 por ciento en los recursos por reposición de votos obtenidos. Este proyecto fue presentado ante la Comisión Primera de la Cámara pero fue retirado.

La segunda iniciativa llegó el año pasado a la Comisión Primera del Senado, impulsada por las bancadas de la Alianza Verde y Cambio Radical. Según explicó el representante Duvalier Sánchez, uno de los ponentes, esta propuesta busca hacer obligatoria la asistencia a al menos un debate. La diferencia con la anterior es que plantea sanciones distintas: quienes no asistan no podrían hacer publicidad en medios públicos y enfrentarían reducciones en la financiación estatal para sus campañas.

Ahora bien, la realidad legislativa es clara: en Colombia no existe actualmente una ley que obligue a candidatos a un cargo de elección popular a asistir a debates. Lo que sí existe es la Ley 996 de 2005, que regula el derecho de los aspirantes a la presidencia a participar en espacios de discusión en medios públicos. Esta norma establece que "tres (3) debates de hasta sesenta (60) minutos cada uno" pueden realizarse "por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el período de campaña presidencial". Además, la ley permite a los candidatos hacer intervenciones de hasta 5 minutos en medios públicos para presentar sus programas de gobierno.

El panorama internacional muestra que Colombia no está sola en este desafío. Países como Argentina y México ya han aprobado leyes que contemplan los debates como obligación para candidatos. Brasil optó por un camino distinto: en lugar de obligar a los candidatos, obliga a los medios a ofrecer espacios de discusión. En cambio, democracias consolidadas como Estados Unidos, Francia y España no tienen regulaciones que hagan obligatorios los debates, aunque estos se mantienen como una tradición política.