Colombia se dispone a dar un paso inusual en la región: abandonar el sistema de arbitraje internacional de inversión, ese mecanismo que permite que empresas extranjeras demanden al Estado cuando sienten que decisiones gubernamentales afectan sus ganancias. El presidente Gustavo Petro confirmó esta decisión, advirtiendo que el país tiene comprometidos cerca de 52 billones de pesos en procesos dentro de este esquema. Para decirlo en términos más claros: es dinero de las arcas públicas que podría tener que pagar si inversionistas externos ganan demandas.

La preocupación del Gobierno es concreta. Colombia tiene más de cien proyectos de extracción de hidrocarburos protegidos por estos mecanismos internacionales. Si el Estado ejecuta su política de transición energética para reducir dependencia del petróleo, esas empresas podrían demandar compensación argumentando que cambios en la regulación les afecta las ganancias esperadas. Es decir: mientras el país intenta transformar su economía y proteger el ambiente, podría enfrentar facturones legales de empresas que se sienten perjudicadas. El Estado terminaría pagándoles dinero de los impuestos por decidir regular su propia economía.

Esta decisión no es capricho presidencial. Reconocidos economistas internacionales, entre ellos el premio Nobel Joseph Stiglitz, así como Thomas Piketty y Peter Bohmer, escribieron al Gobierno recomendando exactamente esto: revisar la permanencia en estos mecanismos. Su argumento es sólido: estos sistemas limitan la autonomía de los países para tomar decisiones de política pública sin riesgo de ser demandados. Un Estado que quiera regular industrias contaminantes, proteger trabajadores o ajustar impuestos, siempre corre el riesgo de enfrentar costosas batallas legales internacionales.

Los expertos también desmontan un mito común. Se suele argumentar que estos mecanismos de protección a la inversión son necesarios para atraer capital extranjero. Pero la realidad muestra algo diferente. Brasil, por ejemplo, no ha adoptado este sistema en los mismos términos que otros países latinoamericanos y aun así es uno de los principales receptores de inversión extranjera en la región. Lo que realmente atrae inversión, según los especialistas, es el tamaño del mercado, la estabilidad económica y las condiciones internas sólidas, no necesariamente las promesas de protección legal a inversionistas.

La medida colombiana se alinea con una crítica creciente a nivel mundial sobre estos mecanismos. Varios países han cuestionado si realmente vale la pena mantener sistemas que, en la práctica, generan más obligaciones fiscales para los Estados que beneficios claros. Para el colombiano promedio, la traducción es simple: al retirarse, el país reduce el riesgo de quedar endeudado pagando demandas de multinacionales, dinero que en cambio podría invertirse en educación, salud o infraestructura.