Colombia ha construido una infraestructura digital de primer nivel. La banda ancha fija creció 82 por ciento entre 2014 y 2024, superando ampliamente el 40 por ciento de crecimiento promedio en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La fibra óptica, que hace una década casi no existía, hoy llega al 48 por ciento de las conexiones. Los precios bajaron a la mitad entre 2020 y 2025, y la banda ancha móvil en Colombia es ahora más económica que en muchos países europeos. En el papel, es una historia de éxito que cualquier gobernante quisiera contar.

Pero hay un problema: esa modernización beneficia principalmente a Bogotá, Medellín, Cali y otras grandes ciudades. En el campo, la realidad es otra. Los colombianos rurales navegan a velocidades 78 por ciento más lentas que sus equivalentes en zonas rurales de otros países latinoamericanos. Descargaban apenas 17,6 megabits por segundo cuando el promedio en el campo latinoamericano es de 80,2 megabits. En otras palabras: cuatro veces más lento. El 58 por ciento de los hogares en zonas rurales y remotas no tiene acceso a internet, comparado con el 34 por ciento en ciudades. Esa brecha no es solo incómoda: es una barrera para que el campo acceda a herramientas como inteligencia artificial. Solo el 8 por ciento de los rurales usa IA, frente al 18 por ciento en promedio nacional.

El gobierno intentó resolver esto con las Comunidades de Internet, un modelo donde habitantes locales montan redes propias sin ánimo de lucro. Es una idea correcta que reconoce que el mercado por sí solo no llega a todos lados. Pero tiene un talón de Aquiles: sin conexión a las grandes troncales de fibra que transportan datos hacia internet, estas redes comunitarias quedan aisladas. Es como tener una carretera rural perfecta que termina en un camino de tierra. El problema se agrava porque el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que debería financiar esta expansión, ejecutó apenas el 60 por ciento de su presupuesto de infraestructura en 2024. El dinero para conectar a los más alejados terminó siendo transferido al Tesoro Nacional.

En paralelo, el mercado móvil está viviendo una transformación preocupante. Claro ha dominado durante años con participación entre 56 y 64 por ciento del mercado. En diciembre de 2024, Tigo anunció la compra de Movistar por alrededor de 400 millones de dólares. Si se completa, Claro y la nueva entidad fusionada controlarían conjuntamente más del 90 por ciento de los usuarios móviles. La Superintendencia de Industria y Comercio aprobó la fusión en noviembre de 2025, pero con condiciones: tarifas mayoristas reguladas y protecciones para los operadores móviles virtuales más pequeños. El riesgo que la regulación advierte es que dos empresas podrían acordar tácitamente no competir entre ellas, lo que podría subir los precios hasta un 37 por ciento.

El regulador de telecomunicaciones, la CRC, emerge como una institución con buenos principios pero con un defecto estructural: el Presidente de la República y el Ministro de TIC designan dos de los cinco comisionados. Esa presencia del gobierno en la junta compromete la independencia que un regulador necesita para tomar decisiones técnicas imparciales. La OCDE es contundente: esa representación debe eliminarse. Además, la CRC no ha impuesto medidas específicas de regulación asimétrica sobre Claro, que ya fue declarado operador dominante en 2021, lo que mantiene un desequilibrio en el tablero regulatorio.

El cuadro completo muestra a Colombia en una encrucijada. Tiene los instrumentos: una política de conectividad comunitaria, un regulador convergente, dinero en fondos, y empresas dispuestas a invertir. Lo que falta es ejecutar con rigor. El FUTIC debe gastar el presupuesto en infraestructura rural. La CRC debe actuar con verdadera autonomía y aplicar medidas sobre el operador dominante. Los remedios impuestos a la fusión Tigo-Movistar deben cumplirse en la práctica, no quedar en papel. Y los precios del sector no mejorarán mientras siga cargado con impuestos equivalentes a casi el 40 por ciento de los ingresos de las empresas. Sin esos cambios, el progreso urbano continuará dejando atrás al territorio que más lo necesita.