Colombia está a punto de transformar la forma en que sus ciudadanos obtienen la licencia de conducción. A partir de 2026, el país implementará un nuevo sistema de evaluación más exigente que busca garantizar que quienes manejen las vías tengan realmente los conocimientos y habilidades necesarios. Esta reforma está establecida en la Resolución 20253040037125 de 2025 del Ministerio de Transporte y promete cambios significativos en el procedimiento que conocemos hoy.

El cambio más importante es la creación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), entidades especializadas que se encargarán de aplicar las pruebas finales. Esto significa que los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) seguirán formando a los aspirantes en teoría y práctica, pero ya no serán quienes examinen. Esta separación entre formación y evaluación busca eliminar conflictos de interés y garantizar mayor transparencia. El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte vigilarán todo el proceso para asegurar que funcione correctamente.

Las nuevas pruebas serán más comprehensivas. Los aspirantes deberán aprobar un examen teórico sobre normas de tránsito y seguridad vial, además de demostraciones prácticas de manejo. Primero enfrentarán una evaluación en pista cerrada para verificar que dominan las maniobras fundamentales. Después, tendrán que conducir en vías públicas reales, donde se evaluará cómo se desempeñan en situaciones de tráfico cotidiano. El objetivo es evidente: reducir licencias otorgadas a conductores que realmente no están preparados.

El costo será uno de los aspectos más visibles de esta reforma. Actualmente, sacar licencia cuesta entre 1.200.000 y 1.800.000 pesos en Colombia, cifra que varía según la ciudad y la categoría del documento. Con la entrada en funcionamiento de los CALE y los nuevos trámites, el precio podría elevarse a más de 2.000.000 pesos. Esta aumenta representa un impacto directo en los bolsillos de los aspirantes.

Las autoridades consideran que estas medidas son necesarias para fortalecer la seguridad vial. Un proceso más riguroso significa conductores mejor preparados, lo que teóricamente debería traducirse en menos accidentes en las carreteras. Además, separar la formación de la evaluación permitirá detectar y reducir posibles irregularidades que hoy puedan existir en el sistema.