El Gobierno nacional aceleró los cambios en el sistema de asignación de subsidios. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) iniciará formalmente la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), una plataforma tecnológica que transformará cómo Colombia determina quién recibe ayudas sociales. El cambio afectará programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Jóvenes en Paz, y comenzará con pruebas piloto en las principales ciudades del país.

La actual metodología del Sisbén funciona como un cuestionario: los ciudadanos responden preguntas sobre sus condiciones de vivienda y sus ingresos, y reciben una clasificación en grupos A, B, C o D. El problema es que esta información se basa en lo que la gente declara, sin verificación real. El RUI propone algo radicalmente diferente. El Estado dejaría de confiar solo en lo que dice la gente y usaría su capacidad de cruzar datos de múltiples fuentes oficiales.

El sistema contrastará información de los ciudadanos con más de 1.800 bases de datos, incluyendo registros de la DIAN (impuestos), aportes a pensión a través de la PILA, nóminas electrónicas, movimientos en cuentas bancarias y registros de propiedad. En teoría, esto permite que el Estado sepa realmente cuánto gana una familia y qué posee, no solo lo que ella dice que tiene.

Durante aproximadamente dos años, el Sisbén IV seguirá siendo la herramienta para caracterizar hogares, pero será el RUI el que tome la decisión final sobre quién accede a cada beneficio. Este periodo de transición busca evitar cambios abruptos mientras se valida el nuevo sistema.

Los efectos serán desiguales entre la población. Hogares actualmente clasificados en los grupos A o B que, después del cruce de datos, muestren ingresos formales, movimientos bancarios sustanciales o propiedades registradas a su nombre, podrían perder su condición de beneficiarios. Es el lado de la represión al fraude. Por otro lado, familias que técnicamente están en grupos C o D por sus condiciones de vivienda pero que en realidad viven por debajo de la línea de pobreza podrían ser reubicadas por el sistema y acceder finalmente a transferencias monetarias y programas estatales que antes les eran inaccesibles.

La reforma responde a un objetivo central: mejorar la focalización de recursos públicos y reducir irregularidades en la distribución de subsidios. En un contexto donde el presupuesto fiscal es limitado, identificar correctamente a quienes realmente necesitan ayuda es crucial. Sin embargo, el éxito dependerá de la calidad de los datos disponibles en esas 1.800 bases de datos y de la capacidad del Estado para implementar un cambio de esta magnitud sin dejar sin protección a familias vulnerables durante la transición.