Los números no mienten: Colombia está pasando por su peor momento democrático en dos décadas. Así lo confirma el más reciente reporte de la Economist Intelligence Unit, la división de investigación de la revista británica The Economist que cada año mide la salud democrática de los países del mundo. Con una calificación de 6.0 sobre 10, Colombia se encuentra literalmente en el borde: justo en el límite que separa una democracia defectuosa de un régimen híbrido, ese tipo de sistemas donde conviven elecciones periódicas con rasgos autoritarios.

La caída ha sido dramática. En 2022, cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, Colombia tenía una puntuación de 6.7. Tres años después, el país ha perdido 0.7 puntos, lo que en términos de posicionamiento global significa descender 13 lugares en el ranking mundial, pasando del puesto 60 al 73. Para ponerlo en perspectiva, este es el puntaje más bajo que ha registrado Colombia en los últimos veinte años, incluso más bajo que durante el gobierno de Álvaro Uribe en 2006, cuando obtuvo 6.4. Lo preocupante es que mientras el mundo en general y América Latina en particular mostraron signos de recuperación después de casi una década de declive, Colombia se convirtió en la excepción negativa de la región.

Un régimen híbrido no es simplemente un término académico bonito. Según la Economist Intelligence Unit, se refiere a sistemas donde la debilidad institucional es evidente, donde hay intentos frecuentes del poder ejecutivo de intervenir en lo judicial o electoral, donde la corrupción prospera y donde la prensa independiente enfrenta un "entorno adverso". En la práctica, esto significa gobiernos más frágiles, controles y equilibrios menos sólidos, ataques a defensores de derechos humanos y una pérdida peligrosa de la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos en todo el territorio.

El politólogo Guillermo Henao, citado en el análisis de EL COLOMBIANO, resume bien el problema: "el presidente Petro ha puesto en tensión constante las instituciones del país (...) el mandatario ha instalado la narrativa de que si las instituciones no hacen lo que el Ejecutivo ordena, simplemente no funcionan. Esto ha profundizado el descrédito de unas instituciones ya muy lesionadas". El experto también destaca que Petro ha tenido más de 60 ministros, un indicador de inestabilidad administrativa, y que los conflictos constantes entre el poder nacional y los regionales han deteriorado la ejecución gubernamental.

La violencia política es quizás el síntoma más visible de este deterioro institucional. La Economist Intelligence Unit señala el aumento de hechos violentos como el principal motivo del colapso democrático de Colombia. El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sumado a los registros de la Misión de Observación Electoral que documentó 26 políticos asesinados y 35 intentos de homicidio en el último año, pintan un cuadro desolador. También está el dato de Indepaz: al menos 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2025, un aumento del 8 por ciento respecto al año anterior.

Henao también cuestiona la estrategia comunicacional del gobierno: "ha construido una poderosa maquinaria comunicacional apoyada en medios públicos como RTVC, que ha permitido masificar sus acciones y políticas. Aun así, no se han logrado avances en las áreas donde la ciudadanía reclama resultados, mientras se han fabricado narrativas que distorsionan la realidad". Pone como ejemplos la crisis del sistema de salud y el estancamiento de los diálogos en el marco de la "paz total".

Mientras Colombia se hunde, otros países latinoamericanos avanzan. Uruguay, Costa Rica y Chile figuran como las democracias más sólidas de la región. Bolivia celebró sus primeras elecciones libres en casi dos décadas, y Malawi logró transitar de un régimen híbrido a una democracia defectuosa después de una transferencia pacífica del poder. A nivel mundial, Noruega mantiene su posición como la democracia más robusta del planeta, cargo que ha conservado durante dieciséis años consecutivos.

La pregunta que muchos colombianos se hacen es qué significa esto para el país en términos prácticos. Una calificación como la actual tiene implicaciones profundas para la estabilidad política, el ambiente económico e incluso para el funcionamiento operativo del país. Cuando una nación ocupa este lugar gris entre democracia y autoritarismo, la inversión extranjera se asusta, la confianza institucional se desmorona y la capacidad del Estado para resolver problemas básicos se debilita. Colombia, que hace poco tiempo se perfilaba como un ejemplo en la región, ahora enfrenta un reto monumental: recuperar la salud de sus instituciones.