Coljuegos puso el freno a una práctica que se ha vuelto común en las campañas electorales: las rifas y sorteos de dinero sin autorización. La entidad reguladora del monopolio de juegos de suerte y azar en Colombia dejó clara su posición: ningún candidato presidencial tiene permiso para realizar estas actividades, y quienes lo hagan enfrentarán investigaciones y sanciones.

El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, fue directo en su mensaje. "Cualquier sorteo que carezca del aval previo de la autoridad competente se clasifica como ilegal. En consecuencia, la institución iniciará las investigaciones correspondientes y aplicará las sanciones determinadas por la ley", expresó el funcionario. El anuncio llegó después de que trascendiera un sorteo de 25 millones de pesos en la campaña del candidato Santiago Botero, donde se distribuyeron cinco premios de cinco millones de pesos cada uno entre los asistentes.

Desde Coljuegos confirmaron que no han recibido solicitudes formales de este ni de ningún otro aspirante presidencial para operar juegos promocionales con fines de financiación. Además, enfatizaron un punto que no admite excepciones: está prohibido otorgar premios en dinero efectivo en sorteos promocionales, incluso en contextos políticos. Los fondos públicos que deberían ir al sistema de salud no pueden desviarse para estas dinámicas.

Las consecuencias legales son serias. Quienes ejecuten estas prácticas sin los trámites requeridos se exponen a investigaciones administrativas y penales, sanciones económicas y cuestionamientos sobre la transparencia de la financiación de sus campañas. La Misión de Observación Electoral también cuestionó estas estrategias, calificándolas de "atípicas" porque no promueven propuestas programáticas ni una participación política informada.

Coljuegos invitó a los ciudadanos a desconfiar de cualquier sorteo que no exhiba públicamente el logotipo de la entidad y su número de resolución. Además, abrió la puerta a los candidatos interesados en estas dinámicas para que se acerquen a la institución y tramiten los permisos correspondientes, aunque el mensaje fue claro: el camino es la legalidad o nada.