Clinaltec, una institución especializada en servicios médicos de alta complejidad, decidió llevar el conflicto a la justicia. La clínica radicó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra Katherine Miranda, representante a la Cámara y candidata al Senado, acusándola de injuria y calumnia. Para impulsar el proceso legal, la institución otorgó poder al abogado Jaime Lombana Villalba.

El conflicto surge de declaraciones públicas que Miranda habría realizado en escenarios políticos. Según el comunicado de Fernando Guzmán, gerente legal y de cumplimiento de Clinaltec, la institución rechaza con "profundo rechazo por la ausencia de veracidad de las afirmaciones irresponsables, injuriosas y calumniosas expresadas por Katherine Miranda". La clínica argumenta que estas afirmaciones no se ajustan a la realidad de sus operaciones ni a datos verificables. Uno de los puntos que menciona la institución es que fue objeto de críticas respecto a su ubicación en el Tolima y al aumento en el número de pacientes atendidos, aspectos que la clínica considera se han malinterpretado deliberadamente.

Clinaltec defiende su labor enfatizando que "una campaña política nunca justificará la mentira, la calumnia y la ofensa como medio de llegar al Senado de la República". La institución afirma poder demostrar en cualquier escenario la consistencia de su información y el respaldo técnico de sus procesos. Para la clínica, el incremento en pacientes atendidos refleja simplemente su actividad en el manejo de enfermedades complejas, no una conducta reprochable en un estado de derecho.

La institución reiteró que su actuación se ha desarrollado conforme a los parámetros legales y regulatorios vigentes. En el comunicado, Clinaltec expresó confianza en que la Corte Suprema "restituya nuestro derecho a la honra y buen nombre vulnerado por la representante Miranda". La clínica enfatizó que su función es "salvar vidas y luchar contra el dolor y la muerte", remarcando su carácter de institución científica dedicada a patologías complejas.

Con la radicación de la querella, la responsabilidad ahora recae en la Corte Suprema de Justicia para evaluar el alcance de los señalamientos y determinar si existe sustento en las acusaciones presentadas por la institución médica. El proceso judicial marca un punto de escalada en el enfrentamiento público entre la clínica y la congresista.