Cuando la ministra Carina Murcia publicó su análisis de gestión en El Tiempo, dejó datos impresionantes: escuelas rurales conectadas pasaron de 4.275 en 2022 a casi 20 mil en 2025, el 100% de municipios tiene cobertura 4G, se desplegaron miles de kilómetros de fibra óptica. Los números son reales y verificables. El problema no es que mienta, es que cuenta una historia incompleta.

Nico Stornelli, analista de telecomunicaciones, lo explica así: el gobierno confunde cobertura nominal con cobertura efectiva. Que una señal 4G llegue al 100% de los municipios no significa que funcione en el 100% del territorio. Mientras tanto, la brecha campo-ciudad en internet fijo sigue siendo brutal. En las ciudades, la penetración de banda ancha fija supera el 55-60%. En zonas rurales dispersas no llega ni al 10%. Conectar escuelas es bueno, pero si la calidad del servicio es insuficiente y no hay capacitación pedagógica, el impacto real disminuye significativamente.

El artículo también deja fuera contextos incómodos. La inversión de 3.3 billones de pesos que destaca el gobierno suena monumental, pero está medida en pesos corrientes (sin ajustar por inflación) y además, el 90% de la inversión en telecomunicaciones viene del sector privado, no del público. El gobierno administra el marco regulatorio, pero los operadores privados como Claro y Movistar son quienes realmente despliegan la infraestructura.

Hay silenciosque preocupan más. El artículo oficial no menciona la fusión Tigo-Movistar aprobada recientemente, que reduce los grandes competidores de tres a dos. Tampoco habla de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el organismo técnico que debería velar por calidad de servicio y tarifas justas. Y omite lo más revelador: Colombia tiene una de las velocidades de internet más bajas de América Latina y una de las mayores brechas de velocidad entre ciudades y campo.

Hay tres "nubarrones negros" que el gobierno prefiere no mencionar, según el análisis: un proyecto de cable submarino en el Amazonas que lleva años sin resultar, una alerta sobre que el 80% del país podría quedar desconectado por problemas con la venta de Azteca Comunicaciones, y una deuda de 380 millones de dólares con Telefónica que desfinanciaría el ministerio durante años.

El fondo del asunto es que el balance oficial se construye sobre indicadores de cantidad: cuántas escuelas, cuántos hogares, cuántos kilómetros de fibra. Pero nunca menciona calidad: velocidad real de descarga, latencia (el tiempo de respuesta), disponibilidad del servicio, o cuántos hogares realmente tienen banda ancha de verdad, no solo una conexión prepago intermitente por celular. Es un ejercicio inteligente de comunicación política apoyado en datos reales, pero seleccionados estratégicamente. No miente, simplemente elige qué contar y qué guardar silencio.