Una semana ha transcurrido desde que las autoridades ordenaron el cierre temporal del Parque Tayrona mediante resolución del 17 de febrero, y los números son alarmantes para la economía de Santa Marta. Los operadores turísticos tuvieron que frenar sus servicios de un día para otro, los lancheros y vendedores ambulantes quedaron sin ingresos, y decenas de turistas perdieron sus reservas de hotel sin poder acceder al atractivo. Pero lo más grave va más allá de las pérdidas inmediatas: la situación expone lo que expertos interpretan como la incapacidad estatal para controlar el territorio y enfrentar grupos criminales organizados en una región estratégica para el país.

El deterioro de la seguridad en Santa Marta y el departamento de Magdalena es ahora palpable. Según Carolina García, directora de Fenalco seccional Santa Marta, las encuestas muestran un salto preocupante. "Históricamente un 35% de los empresarios manifiestan haber sido víctima directa o indirecta de algún tipo de flagelo. En los meses recientes este porcentaje ha subido a cerca del 50% siendo los más recurrentes hurto a comercio, hurto a personas afectando a clientes o colaboradores y extorsión", reveló la dirigente gremial. Los comerciantes han preferido guardar silencio por miedo, mientras que en zonas como El Rodadero y la zona bananera, estructuras criminales ejercen presión permanente, forzando cierres de media jornada o completos.

García también criticó la forma abrupta en que se anunció el cierre. Para ella, estas decisiones sin aviso previo generan un mensaje internacional negativo sobre la capacidad de gobernar el territorio, lo que afecta directamente la percepción de Santa Marta como destino turístico. Los operativos policiales y militares, aunque necesarios, refuerzan esa percepción de crisis. "Es un mal mensaje, de incapacidad para gobernar en el territorio y no le conviene a nadie, ni a los empresarios ni a las autoridades", expresó.

Desde el sector gastronómico, representado por Acodres, la preocupación es similar. Un vocero de la asociación de restaurantes señaló que el Tayrona es "un atractivo internacional que recibe visitantes nacionales e internacionales durante todo el año, dinamizando de manera directa e indirecta la economía del territorio". Cada día de cierre afecta a cientos de familias que dependen del turismo formal. El gremio exige que el Gobierno revise con prontitud las condiciones para reabrir el destino de manera segura, e insistió en que "no podemos permitir que situaciones deterioren la imagen de uno de los referentes turísticos más importantes de Colombia" y que se requiere "inversión en seguridad, fortalecimiento institucional y la destinación de recursos que garanticen su funcionamiento adecuado".

Los gremios también han puesto sobre la mesa un llamado a las autoridades para intensificar labores de inteligencia que permitan desarticular estas estructuras criminales consolidadas en el territorio. García enfatizó la necesidad de resultados concretos en judicialización para recuperar la confianza de los comerciantes en las autoridades. Sin resultados positivos, advierte, será difícil que denuncien nuevos hechos.

Esta semana, el Ministerio de Comercio lideró una mesa interinstitucional con entidades nacionales, fuerza pública y sectores turísticos para revisar las condiciones del cierre y trazar una hoja de ruta hacia la reapertura. El viceministro de Turismo (e), Juan Sebastián Sánchez, confirmó que la situación es prioritaria y que se activaron mecanismos de coordinación. El Ministerio informó sobre un proyecto aprobado por cerca de $5.700 millones para promoción de parques nacionales, aunque no especificó si esos recursos serán dirigidos específicamente al Tayrona. Mientras tanto, Santa Marta espera que la reactivación del parque llegue pronto y devuelva la tranquilidad al destino que genera empleo directo e indirecto para miles de personas.