En un movimiento que busca evitar el colapso de una empresa estratégica para el suministro de gas natural en el país, la Superintendencia de Sociedades autorizó una garantía de primer orden para un crédito de emergencia de US$67 millones destinado a Canacol. Esta decisión, tomada por providencia del 11 de diciembre de 2025, reconoce órdenes del Tribunal del Banco del Rey de Alberta en Canadá, donde corre el proceso de reorganización de la compañía.

El financiamiento que rescata a Canacol de la parálisis operativa es lo que en el jerga financiera se conoce como crédito DIP (Debtor in Possession, o acreedor con el deudor en posesión). "La Superintendencia de Sociedades informa a los acreedores, terceros interesados y al público en general que (...) el juez concursal reconoció las órdenes emitidas por el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, Calgary (Canadá)", notificó la entidad en su comunicado oficial.

Lo interesante del asunto es que los números cuadran para todos. Los analistas del juez canadiense determinaron que Canacol posee activos en Colombia por aproximadamente US$1.892 millones, una cifra lo suficientemente robusta para responder tanto a los nuevos financiadores como a los acreedores que ya tenía garantizados sus créditos. Macquarie Bank y Credicorp Capital Fiduciaria, los actuales acreedores garantizados, verán sus derechos ajustados al segundo grado de prelación, pero sin perder protección razonable sobre sus inversiones.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, enfatizó que esta decisión responde a "la necesidad de preservar la empresa en funcionamiento, proteger el crédito y garantizar la estabilidad económica en sectores estratégicos como el suministro de gas natural". La Superintendencia subraya que el reconocimiento de la orden extranjera se ajusta a estándares internacionales de insolvencia transfronteriza y no viola principios fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano.

La autoridad también dejó clara su intención de mantener vigilancia estricta sobre el proceso. Escobar advirtió que la Superintendencia "continuará ejerciendo una vigilancia estricta y coordinada del proceso, velando porque las medidas implementadas salvaguarden los intereses de todos los acreedores y se mantengan dentro del marco del orden público colombiano". Con esto, buscan garantizar que este financiamiento realmente se use para mantener la operación viva y no desaparezca en el camino.