La Alcaldía Mayor de Bogotá decidió desembarazarse de inmuebles que no necesita más. A través del Portal Inmobiliario, la administración distrital habilitó una nueva ronda de ventas de bienes fiscales que incluye apartamentos, lotes urbanos y hasta una participación accionaria en un hotel de la capital. Los precios comienzan en 25 millones de pesos, lo que abre la posibilidad para que ciudadanos con presupuestos más modestos participen en estas transacciones.

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), entidad que administra estos bienes, detalló que las propiedades se encuentran dispersas en varias localidades bogotanas. Entre las opciones hay un lote con construcción en Fontibón, valorado en más de 667 millones de pesos, y ocho lotes en San Cristóbal de apenas 38,4 metros cuadrados cada uno, cotizados en poco más de 81 millones. Algo más inusual es la venta de una participación del 12,8468 por ciento en el Hotel Selina de Chapinero, que cuesta exactamente 25.909.114 pesos y corresponde a 4,4321 metros cuadrados de terreno.

Para los interesados, el proceso es completamente digital. Hay que entrar al Portal Inmobiliario de Bogotá, buscar la sección de bienes en venta, y si algo llama la atención, hacer clic en "Estoy interesado". Allí aparece un instructivo que guía los pasos siguientes. Lo importante es que toda la compra se canaliza por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II), así que es necesario registrarse como proveedor en esa plataforma, ubicar la subasta del DADEP correspondiente y presentar una oferta formal. La alcaldía también ofrece apoyo por correo a dadepbogota@dadep.gov.co para aclarar dudas durante el trámite.

Desde el punto de vista legal, estos inmuebles se clasifican como bienes fiscales según el Código Civil: son propiedad del Estado pero no están destinados al uso general de los ciudadanos. La Ley 2044 de 2020 permite que entidades estatales vendan estos activos cuando ya no los necesitan para funciones administrativas ni para proyectos públicos como vivienda de interés social. Se rigen por normas del derecho común, así que su venta es un proceso administrativo ordinario.