Los hospitales públicos de Bogotá están contra las cuerdas. Las Subredes Integradas de Servicios de Salud reportan un agujero financiero cada vez más profundo por culpa de las deudas que les deben las Entidades Promotoras de Salud, particularmente aquellas que están bajo intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud. Así lo advirtió el secretario distrital de salud, Gerson Orlando Bermont Galavis, en una carta enviada el 23 de enero de 2026 al superintendente Bernardo Armando Camacho.

El panorama es preocupante. Con corte a noviembre de 2025, la cartera total de las subredes alcanzaba 307 mil 561 millones de pesos. Después de restar anticipos y giros directos, quedó una cartera neta de 249 mil 96 millones de pesos. La crisis tiene un rostro muy concentrado: tres EPS deben casi todo. Nueva EPS debe 83 mil 907 millones (33,7 por ciento), Famisanar debe 83 mil 663 millones (33,6 por ciento) y Coosalud debe 47 mil 861 millones (19,2 por ciento). Entre estas tres, representan el 86,5 por ciento de lo que no han pagado las aseguradoras.

A ese número hay que sumarle otra bomba de tiempo: las EPS intervenidas tienen 46 mil 500 millones de pesos en facturación que ni siquiera han sido radicada formalmente. Esto significa que los hospitales han prestado servicios que aún no se formalizan en el sistema de pagos, lo que agrava el flujo de dinero y retrasa más los recaudos. En total, la cifra ronda los 300 mil millones de pesos, la misma cifra que días antes había mencionado el alcalde Carlos Fernando Galán.

El problema va mucho más allá de las cifras. Los hospitales están ahogados financieramente. No pueden pagar a tiempo a sus proveedores de medicamentos, dispositivos médicos e insumos hospitalarios. Tampoco pueden cumplir con sus obligaciones laborales ni mantener de forma estable al personal necesario para funcionar. Los cambios en los agentes interventores de las EPS intervenidas han complicado todo aún más: cada cambio requiere reiniciar procesos de conciliación y gestión de cartera, extendiendo los plazos para definir acuerdos de pago.

Bermont fue claro en su solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud: pidió que facilite el acceso a pagos efectivos mediante giros directos, acuerdos de pago con cronogramas claros y compromisos verificables que permitan un "saneamiento progresivo de las obligaciones y al fortalecimiento financiero de las SISS". El secretario también señaló que "estas tensiones elevan el riesgo de afectaciones en la oportunidad y continuidad de los procesos asistenciales, con potencial impacto en la calidad de la atención prestada a los usuarios del sistema".

Los problemas operativos en la radicación de facturas tampoco son menores. Las inconsistencias en autorizaciones, validaciones incompletas, devoluciones reiteradas y cambios en lineamientos operativos de las EPS generan retrasos que postergan el inicio de los plazos de pago. Todo esto incrementa el riesgo de que el dinero nunca llegue.

Bogotá espera una respuesta rápida de la Superintendencia. Sin esa intervención, el sistema de salud pública de la ciudad podría enfrentar consecuencias mucho más graves que números rojos en el balance financiero.