Colombia está con los ojos puestos en una decisión que podría determinar si cientos de municipios mantienen su conexión a internet o quedan en la oscuridad digital. Se trata de Azteca Comunicaciones, la empresa que opera la red troncal de fibra óptica más extensa del país. Con 32.000 kilómetros de cable y presencia en 893 municipios, es prácticamente la única opción de conectividad en muchas de esas regiones. El problema: está quebrada financieramente y necesita un rescate urgente.

La historia viene de lejos. En 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Azteca ganó la licitación del Proyecto Nacional de Fibra Óptica con el compromiso de conectar 788 municipios. Pero la empresa fue más allá: con inversión propia, amplió la cobertura a 893 municipios y duplicó la red de fibra de 20.000 a más de 32.000 kilómetros. El problema es que operar una red de ese tamaño requiere inversiones gigantescas en mantenimiento, monitoreo y reparación de daños por vandalismo. El Grupo Salinas de México, dueño de Azteca, invirtió cientos de millones de dólares que nunca recuperó, especialmente porque el mercado colombiano de telecomunicaciones en regiones remotas es limitado y no masivo. El resultado fue una caída financiera que hoy tiene a la empresa a punto del colapso.

Hace exactamente un año, en abril de 2025, Azteca se acogió a una reorganización empresarial bajo la Ley 1116 (el proceso legal que permite a empresas en crisis intentar salvarse). Presentó un plan de continuidad con seis puntos, pero nada funcionó. De hecho, ya ha habido fallas en el servicio. El Ministerio de las TIC abrió un pliego de cargos el año pasado por interrupciones de internet, voz y datos en 13 municipios de Chocó.

Mientras tanto, hubo intentos de rescate. Ufinet, del grupo Enel, presentó una oferta pero la retiró por demoras regulatorias. El propio Ministerio de las TIC contrató a Internexa (del grupo Ecopetrol) para valorar la empresa, pero el resultado fue desolador: cero pesos. Las deudas eran demasiado grandes. Ahora, Claro Colombia ha entrado en la cancha. Ha pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio que apruebe la compra de Azteca con un argumento que suena lógico: Claro tiene experiencia, infraestructura nacional y podría hacer el mantenimiento más eficiente y barato.

La SIC está analizando la solicitud en etapa preconceptual. Debe verificar que la adquisición no limite la competencia, una preocupación válida cuando el operador más grande compra al único competidor en muchas regiones. Pero el reloj corre. Cada día que pasa sin decisión es un riesgo para alcaldías, hospitales, comisarías, cuarteles, escuelas, empresas privadas e instituciones del Estado que dependen de Azteca. Un colapso de esta red no sería solo un problema de telecomunicaciones: sería un apagón digital en casi 900 municipios colombianos.