La Paz Total llegó con la promesa de traer seguridad a Colombia, pero según el análisis de Asocapitales, la realidad ha sido todo lo contrario. El informe presentado por esta asociación de capitales y gobernadores pinta un panorama alarmante: violencia persistente, grupos armados fortalecidos y ciudades capitales bajo creciente presión criminal.

El director de Asocapitales, Andrés Santamaría, fue directo en sus conclusiones: "Lo que estamos viendo en distintas regiones del país es una señal clara de que la política de 'Paz Total' no está logrando contener ni reducir la violencia". La estrategia, que tiene raíces en el acuerdo de 2016 del gobierno Santos y fue convertida en ley en 2022, se ha implementado durante el gobierno Petro a través de negociaciones con grupos armados, suspensión de órdenes de captura y la creación de figuras como los "gestores de paz".

El problema, según Asocapitales, es que mientras el Gobierno negociaba en las mesas de diálogo, sucedía algo preocupante en el terreno. "Mientras el Gobierno negociaba, los grupos armados ampliaron su estructura y su presencia territorial, las economías ilegales continuaron operando sin restricción verificable y ningún proceso de diálogo incluyó compromisos efectivos de desmantelamiento, convirtiendo la Paz Total en un instrumento que otorgó beneficios jurídicos sin exigir medidas reales en seguridad", señala el documento.

Los números hablan por sí solos. El ELN pasó de 2.541 a 6.450 integrantes durante este período, casi triplicando su capacidad. El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc también fortaleció su presencia territorial. En 2025 se registraron 14.038 homicidios, el nivel más alto de la última década con un aumento del 4 por ciento respecto a 2024. La extorsión llegó a 13.417 casos, el secuestro se duplicó a 701 casos, y el desplazamiento forzado superó las 88.100 personas, un salto del 69 por ciento.

El impacto más grave se siente en las capitales. Bogotá, Cali y Medellín concentran cerca del 50 por ciento de los delitos de alto impacto, con una impunidad del 92 por ciento en homicidios. Lo paradójico es que los alcaldes y gobernadores, quienes cargan directamente con estas consecuencias, tuvieron participación limitada en el diseño de la política. Incluso, al menos 11 alcaldes de ciudades capitales han sufrido intimidaciones entre 2024 y 2026.

Asocapitales propone cambios urgentes: fortalecer la presencia de fuerza pública en las ciudades, condicionar los diálogos a resultados verificables y garantizar que alcaldes y gobernadores sean parte real de las decisiones de seguridad. Porque, al parecer, negociar sin exigir resultados concretos ha dejado a Colombia en una posición más vulnerable.