Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia cambió el tablero de la salud en la región. Savia Salud, la EPS más grande del departamento, debe regresar a manos de sus dueños originales: la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la caja de compensación Confama. Esto ocurre tras casi tres años bajo control de la Superintendencia de Salud. La decisión genera una victoria jurídica pero abre un dilema financiero que parece sin salida: la entidad regresa con una deuda cercana a los 2 billones de pesos.

Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín, ha sido clara sobre la magnitud del problema. "Puede estar alrededor de los 1.5, 1.8 y hasta dos billones, lo cual nos pone en un escenario bastante complejo, teniendo en cuenta que la entidad va a quedar en manos de sus socios originales". Ese agujero financiero surgió durante la intervención y pone en jaque la operación de toda la red de hospitales públicos de la región.

El verdadero problema no está en la gestión de la EPS, sino en cómo funciona el sistema nacional de salud. El Gobierno Nacional paga a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) un valor anual por cada afiliado que es significativamente menor al costo real de la atención. La diferencia es contundente: mientras el Estado gira aproximadamente 100 pesos por paciente, el costo operativo y médico de atenderlo es de 115 pesos. Esa brecha de 15 puntos porcentuales es lo que genera el déficit diario que hoy tiene a Savia Salud al borde del colapso.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha argumentado que la intervención fue injustificada. Para él, la crisis no se debe a mala gestión sino a que el Gobierno Nacional no pagó adecuadamente. "Es porque el gobierno no tuvo en cuenta que el daño ocasionado al sistema el mismo lo infringió, por no pagar los presupuestos máximos, por no conocer y reconocer las fallas estructurales del sistema, no por razones asociadas directamente a la EPS". Los presupuestos máximos son recursos del Estado para cubrir servicios y tecnologías que no están en la UPC. Al no llegar a tiempo, la EPS debió postergar pagos a hospitales y proveedores, generando una bola de nieve de deudas.

Ahora la responsabilidad recae sobre las autoridades regionales en un momento de máxima tensión. Deben diseñar un plan de salvamento inmediato para una entidad que atiende al 70 por ciento de la población más vulnerable del departamento, es decir, 1.7 millones de antioqueños. Pero el margen es estrecho: sin que el Gobierno Central ajuste el valor de la UPC o liquide sus deudas pendientes, cualquier plan será insuficiente.

Los hospitales de la red pública esperan que este cambio de mando traiga el flujo de caja que necesitan para seguir funcionando. El regreso de Savia Salud a manos antioqueñas no es solo un cambio administrativo. Es un desafío de proporciones enormes que requiere más que un cambio de gerencia: necesita una renegociación técnica con el Ministerio de Salud para cerrar una brecha que, bajo las reglas actuales del sistema colombiano, parece impagable.