Asobancaria encendió las alarmas sobre un esquema criminal sofisticado que está defraudando al sistema financiero colombiano. Según la asociación que agrupa a los bancos e instituciones financieras del país, existe una red coordinada que utiliza los mecanismos legales de insolvencia, un instrumento que debería proteger a personas en crisis económica real, para permitir que deudores irresponsables evadan sus obligaciones. El alerta llegó después de identificar un incremento en solicitudes de insolvencia que presentan irregularidades durante los últimos dos años.

La operación de esta red no es casual ni improvisada. Asobancaria describe una estructura compleja donde abogados asesores trabajan de la mano con centros de conciliación para facilitar trámites irregulares. En el engranaje participan personas llamadas "quiroamigos", que actúan como prestamistas ficticios registrando deudas que nunca existieron. Lo preocupante es que algunos de estos supuestos acreedores aparecen repetidamente en múltiples procesos, y en ciertos casos han resultado ser individuos que se encuentran actualmente privados de la libertad. Esto sugiere suplantación de identidades en los expedientes.

El método es directo: crean deudas artificiales para inflar el monto de obligaciones y multiplicar el número de acreedores. Con esta estrategia, los deudores logran cumplir requisitos formales para accogerse a la insolvencia, y al incluir a los "quiroamigos", terminan perjudicando los acuerdos de pago con los acreedores reales: bancos, empresas, telecomunicaciones y proveedores. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, fue contundente: "se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros".

El daño colateral es expansivo. No se limita al sistema bancario. Las telecomunicaciones, las empresas Fintech, el sector solidario y toda la cadena de proveedores están siendo impactados. El sistema de centralización de riesgo se contamina, el acceso al crédito se restringe para empresas legítimas y los costos del financiamiento suben para todos. En otras palabras, los honestos pagan por los fraudes.

Desde el ángulo legal, los involucrados enfrentan riesgo serio. El abogado penalista Iván Cancino advirtió que "los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres que permiten usar su identidad para servir como acreedores ficticios en estos procesos, incurren en conductas punibles". Los delitos podrían incluir concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento, con penas que llegan hasta la cárcel. Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, agregó que los abogados participantes podrían perder su tarjeta profesional además de enfrentar penas privativas de la libertad.

Asobancaria hace un llamado a autoridades para fortalecer los mecanismos de control y supervisión. El problema no es la ley de insolvencia en sí, que cumple una función social importante para personas con dificultades económicas reales, sino su abuso sistemático. Mientras no se refuerce la vigilancia, este cartel seguirá erosionando la confianza que sostiene todo el sistema de crédito en el país.