Después de descubrir que más de 1.800 hectáreas en el Valle del Cauca permanecían bajo control irregular de personas contra quienes ya había sentencia de extinción de dominio, la Agencia Nacional de Tierras decidió intervenir directamente. Los predios, ubicados en Caicedonia, Sevilla y Bugalagrande, tenían un origen oscuro: habían pertenecido a estructuras del narcotráfico y grupos paramilitares ligados a personajes con alias como "Gordo Lindo", "El Alacrán" y "El Marciano".

Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de la ANT, explicó el hallazgo con preocupación: "Con sorpresa nos hemos encontrado que estos predios en realidad seguían bajo el control de las personas contra las cuales se les extinguió el dominio. El día de hoy la Agencia toma bajo administración estos predios y los dispone para que familias campesinas puedan aprovecharlos a partir de ahora". La intervención marca un cambio en la tenencia de estas tierras que, aunque legalmente había sido cancelada, seguían operando en la informalidad.

La estrategia de la ANT priorizó a productores que ya estaban trabajando la tierra de forma legal. En Caicedonia, de 90 hectáreas recuperadas, una porción fue entregada a familias dedicadas al cultivo de yuca, plátano y cría de animales, mientras que 50 hectáreas fueron asignadas a la Asociación de Mujeres Campesinas Sembradoras de Paz, una organización que amplía el acceso al territorio para mujeres rurales.

En Sevilla el panorama fue más extenso: 800 hectáreas fueron recuperadas, de las cuales 60 se pusieron a disposición del consejo comunitario afro de Guaduas, que las utilizará para explotación de cítricos. Este movimiento reconoce la presencia histórica de comunidades negras en la región y su derecho al territorio.

La operación más grande ocurrió en Bugalagrande, donde intervinieron más de 1.000 hectáreas que formaban parte del patrimonio del extinto Cartel de Cali. Estas tierras beneficiarán ahora a una asociación campesina y tres familias locales que podrán expandir su producción legal.

Para la región, la iniciativa representa más que recuperación de activos: busca consolidar una cadena productiva formal que frene la informalidad agraria y genere ingresos sostenibles en zonas donde históricamente el narcotráfico financió operaciones. Con tierra en manos legítimas, el Valle del Cauca refuerza su apuesta por seguridad alimentaria desde la base.