El Gobierno de Gustavo Petro propuso un impuesto al patrimonio para las grandes empresas como parte de sus medidas para enfrentar la emergencia económica derivada de las inundaciones. El cálculo oficial sugiere que esto traería 8 billones de pesos a las arcas públicas, dinero que el país necesita con urgencia. Pero Anif, el centro de pensamiento que estudia temas económicos, acaba de lanzar un cálculo distinto que cuestiona esa cifra.

Según el análisis de Anif, basado en información empresarial de 2024 consolidada por la plataforma Emis (que recopila datos de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y otras fuentes oficiales), el verdadero recaudo potencial sería de 13,4 billones de pesos. De esa suma, 13,1 billones provendrían de empresas con patrimonio líquido superior a 10 mil millones de pesos. La diferencia es significativa: casi 5,4 billones de pesos más de lo que el Gobierno está proyectando.

Aquí viene lo que preocupa a Anif. Si el Estado cobra 13,4 billones adicionales por patrimonio, las empresas estarían pagando impuesto sobre impuesto. En 2024, las compañías ya cancelaron cerca de 70,6 billones en impuestos sobre la renta. Con este nuevo gravamen, la carga tributaria efectiva subiría del 29,8 por ciento al 35,5 por ciento. Es casi un aumento de 6 puntos porcentuales, lo que representa una presión fiscal considerablemente mayor. Para entenderlo en términos simples: si una empresa ganaba 100 pesos, antes pagaba cerca de 30 en impuestos, ahora pagaría cerca de 36. No parece mucho, pero multiplicado por miles de empresas significa dinero que no invertirán en nuevos proyectos, empleos o tecnología.

Por eso Anif lanza su advertencia principal: "Al gravar directamente el capital acumulado, se reduce el incentivo de crecimiento empresarial y la entrada de nuevos capitales, en un país que adolece de bajas tasas de inversión agregada". Lo que el centro de pensamiento está diciendo, en términos claros, es que Colombia ya tiene un problema: las empresas no invierten lo suficiente. Un impuesto que penaliza el capital acumulado solo empeoraría esa situación. Empresarios nacionales pensarían dos veces antes de expandir sus negocios, e inversionistas extranjeros buscarían otros países más atractivos.

Anif también cuestionó la metodología oficial. "Las cifras encontradas reflejan que no son claros los criterios para la meta de recaudo de 8 billones planteada por el Gobierno, incluso cuando nuestro cálculo no toma en cuenta algunos sectores posiblemente excluidos", señaló el centro de estudios. En otras palabras: los números del Gobierno no cierran, y cuando Anif hace su cálculo dejando fuera algunos sectores que probablemente serían eximidos, la cifra sube, no baja.

El punto final es que Anif no dice que el impuesto sea malo per se. Reconoce que podría traer un recaudo significativo al país. Pero advierte que antes de implementarlo hay que pensar en las consecuencias: menos crecimiento empresarial, menos entrada de capitales externos, menos inversión en el futuro. Es el clásico dilema de la política fiscal: ganar dinero ahora puede costar dinero después, si desalienta el crecimiento económico.