La liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad ya tiene cara y nombre. El gobierno saliente designó a Alfredo Acosta Zapata, quien era el ministro de esa cartera, para que encabece el proceso de cierre de una entidad que dejó de funcionar desde el 20 de junio. Con esta decisión formalizada mediante decreto, comienza una etapa delicada que afectará directamente a cerca de 600 servidores públicos que trabajaban en el ministerio.

Las restricciones impuestas al liquidador son claras y estrictas. No podrá contratar nuevos funcionarios para la planta de personal, ni puede celebrar pactos o convenciones colectivas. Solo en casos muy específicos, cuando el proceso de liquidación lo justifique, podrá contratar especialistas de forma temporal. La Presidencia de la República se reserva la capacidad de remover al liquidador en cualquier momento.

El cierre del ministerio no fue capricho del gobierno. Atrás está una sentencia de la Corte Constitucional que tumbó la Ley 2281 de 2023, la norma que originalmente le dio vida a esta cartera. El tribunal consideró que la ley carecía del respaldo presupuestal requerido por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la Corte fue generosa: le dio plazo al Congreso hasta el 20 de junio de 2026 para que arreglara esos problemas legales y fiscales. El Legislativo no cumplió. Vencido el plazo sin que sacara una ley correctiva, la liquidación se convirtió en el único camino.

Para sufragar los costos del cierre, el gobierno utilizará los saldos disponibles del presupuesto 2026 que tenga el ministerio. Si el proceso se extiende hasta 2027, esos recursos se apropiarán entonces en el Presupuesto General de la Nación. Lo que sí queda garantizado es que se conservará todo el archivo institucional.

El cierre, sin embargo, ha generado fricción con el equipo que llega al poder. El próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó como "absolutamente inaceptable" que desde la cartera se estén trasladando empleados hacia otras entidades del Estado. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo fue más allá: habló de hallazgos que muestran una "profunda destrucción institucional" en varios ministerios durante el empalme. Anunció que el nuevo gobierno revisará con detalle cada uno de estos traslados de personal.

Desde el lado del gobierno que se va, sostienen que la orden de cerrar el ministerio vino de la Corte Constitucional, no de una decisión política. Lo que ahora importa, según su visión, es vigilar que el proceso de liquidación transcurra limpiamente y que los trabajadores no queden abandonados a su suerte. Los próximos meses dirán si esa intención se cumple.