La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas esta semana por una escalada de violencia que atribuye al Ejército de Liberación Nacional en ocho departamentos del país. Los hechos, concentrados en los últimos días, coinciden con la conmemoración del aniversario número 62 del grupo armado y van desde ataques directos contra instalaciones policiales hasta el desplazamiento masivo de civiles.

En Risaralda, la situación fue particularmente tensa. Reportaron ataques contra la estación de Policía y el batallón de San José del Palmar, además de hostigamientos en Santa Cecilia, donde un policía quedó herido. También aparecieron banderas y símbolos del ELN en Pereira y Dosquebradas. En Chocó, la estación de Tadó sufrió hostigamiento con drones cargados de explosivos, un método cada vez más usado por grupos armados para intimidar a la Fuerza Pública.

Lo que más preocupa a la Defensoría es el desplazamiento de aproximadamente 70 familias, más de 200 personas, de la comunidad de San Antonio de Gurunendy en López de Micay, Cauca. Estos civiles abandonaron sus hogares en medio de la ola de violencia y requieren atención humanitaria inmediata. Mientras tanto, en Arauca se han registrado homicidios selectivos en Saravena, Tame y Arauquita, agravando aún más el contexto de inseguridad que sufre ese departamento.

En otras regiones también hubo acciones intimidatorias. En Valle del Cauca lanzaron una granada contra el CAI de Alfonso López en Cali, que afortunadamente no detonó. En Nariño, Casanare y Guainía aparecieron banderas y marcas alusivas al ELN.

Desde la Defensoría, la defensora del Pueblo Iris Marín rechazó categóricamente estos hechos. La entidad fue clara en su posición: "Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a los hechos de violencia, intimidación y afectación a la población civil en distintos territorios del país, atribuibles al ELN en el contexto de su aniversario número 62." También advirtieron que "Estas acciones constituyen infracciones al DIH pues generan zozobra y ponen en riesgo a la población civil."

Ante esta situación, la Defensoría hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para que refuercen las medidas de prevención y protección en estas zonas, garanticen atención humanitaria inmediata a quienes fueron desplazados y mantengan presencia institucional donde las amenazas persisten. El mensaje es claro: no pueden permitir que la población civil siga siendo el blanco de estas confrontaciones.