Mientras el Ministerio de la Igualdad se despide de Colombia, un congresista electo enciende las alarmas sobre lo que ocurre en sus últimos días. A inicios de este mes, la Corte Constitucional selló el destino de la cartera al declarar inexequible la Ley 2281/23, la norma que le dio vida. El fallo, conocido como Sentencia C-161/24, estableció que los efectos de esta decisión terminarían al finalizar la legislatura 2025-2026. Un intento por revivir la entidad a través del Congreso no prosperó por falta de tiempo, así que el presidente Gustavo Petro terminó ordenando su liquidación.

Lo que sucedió después es lo que tiene preocupado a Daniel Briceño, el congresista electo que se ha ganado fama por sus labores de control político. Según él, mientras se cerraban las puertas del ministerio y se despedía a más de 600 funcionarios, la institución estaría firmando contratos y convenios por más de 450 mil millones de pesos. "El señor Gustavo Petro ordenó la liquidación del Ministerio de la Igualdad, pero revisando su contratación encontramos que firmaron y van a firmar más de 450 mil millones de pesos en contratos y convenios antes de esa liquidación. Mucho OJO aquí se puede perder mucha plata", advirtió Briceño.

La denuncia no es menor. Briceño pidió directamente a los entes de control y a la ciudadanía que intervengan de manera inmediata para evitar que recursos públicos terminen desviándose en lo que él caracteriza como un "carrusel de contratos". La pregunta que ahora ronda en los pasillos del poder es si estas adjudicaciones son legales y necesarias para cerrar operaciones, o si realmente se está "raspando la olla" en los últimos momentos de una cartera que la justicia constitucional ya declaró ilegal.