Afganistán enfrenta un dilema que parece contradictorio: mientras sufre una crisis humanitaria profunda con enormes carencias en educación y salud, deliberadamente se está privando de dos recursos esenciales para resolverla: sus maestras y sus trabajadoras sanitarias.

La discriminación sistemática contra las mujeres en el país está provocando una fuga de talento que agravará aún más la situación. Se espera que para 2030 aproximadamente 25.000 mujeres abandonen o sean expulsadas de estos sectores críticos, erosionando aún más la capacidad del país para atender a su población.

Las consecuencias no son solo humanitarias. Las restricciones que pesan sobre la educación y el empleo femenino ya le cuestan a Afganistán 84 millones de dólares cada año en producción económica perdida. Es decir, el país está pagando un precio económico muy alto por limitar el acceso de las mujeres al mercado laboral, justamente cuando menos puede permitírselo.

Con grandes necesidades sociales sin resolver y un sistema de salud y educación que requiere fortalecimiento urgente, perder a decenas de miles de profesionales es un lujo que Afganistán no puede darse. La expulsión de las mujeres de estos sectores es, en realidad, una expulsión del desarrollo mismo.