Abelardo Gabriel de la Espriella Otero creció con una ambición clara: hacer dinero. Según su biografía oficial escrita por Ángel Becassino, desde los diez u once años administraba dos kioscos de comida rápida y licor en el barrio La Castellana de Montería, generando ingresos que lo hicieron sentir dueño de su zona. El periodista investigador Gerardo Reyes, en su libro sobre Alex Saab, señaló que esos números, si corresponden a 1988, equivaldrían hoy a casi cuatro millones de pesos mensuales para un niño de esa edad, lo que pone en perspectiva el relato de infancia que el candidato ha promocionado.

Ahora, a los 47 años, De la Espriella quiere ser presidente de Colombia. Aparece en segundo lugar en las encuestas detrás de Iván Cepeda, y su pasado como litigante se ha convertido en el epicentro del debate político. Esta semana, la periodista Malú Fernández de Noticias Caracol le cuestionó sobre una frase suya de 2015 en la que planteaba que "la ética no tiene nada que ver con el derecho", preguntándole si entonces se puede gobernar sin ética. Él respondió con dureza: "Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida" y "tú no entiendes la diferencia porque no tienes formación en derecho", le increpó De la Espriella. Aunque en contexto académico tiene razón sobre la distinción filosófica entre derecho y ética, la respuesta de alguien que busca ser jefe de Estado podría haber sido más pedagógica y menos condescendiente.

A través de su firma De la Espriella Lawyers, el candidato ha defendido al paramilitar Salvatore Mancuso, al estafador David Murcia fundador de la pirámide DMG, y a delincuentes conocidos con alias como Boliche, Macaco, el Mono Abello, Papá Pitufo y el Tuso Sierra. También asesoró a miembros del corrupto clan Nule, al exembajador Jorge Visbal investigado por vínculos paramilitares, y al exmagistrado Jorge Pretelt condenado por corrupción. En Colombia, como en cualquier Estado de derecho, todo imputado tiene derecho a defensa, y el abogado no comparte la responsabilidad penal de su cliente. Eso es un principio constitucional sin el cual la justicia no funciona. De la Espriella tiene razón al recordarlo. Sin embargo, la pregunta incómoda no es si tenía derecho a defenderlos, sino de dónde sacaban sus clientes el dinero para pagarle: un paramilitar, un testaferro de un dictador, un captador ilegal de recursos, funcionarios que robaron plata del Estado. La Fiscalía precluyó dos investigaciones sobre posibles vínculos paramilitares suyos en 2009 y 2012 por falta de pruebas. El candidato no tiene condenas activas en esa materia.

Lo que muchos olvidan es que De la Espriella también ha liderado casos de alto impacto defendiendo a víctimas desamparadas, incluso de forma gratuita: el asesinato de Rosa Elvira Cely, el ataque con ácido contra Natalia Ponce de León, y la defensa de derechos colectivos en el territorio Matamoros. Gracias a estos casos promovió la tipificación del feminicidio como delito autónomo y endureció las penas por ataques con agentes químicos.

Su obsesión por hacer dinero lo llevó más allá de su firma legal. Según reveló La Silla Vacía, para 2024 cinco de sus empresas generaron ingresos por 16.130 millones de pesos, aunque otros negocios como el "Ron Defensor" con Silvestre Dangond están en números rojos. Esto se suma a sus transformaciones políticas radicales: pasó de decir "Absolutamente niego la presencia de Dios. No creo en nada que la razón no pueda explicar" a recitar el Padre Nuestro en latín en actos de campaña tras un supuesto proceso de conversión al catolicismo. Como abogado del concuñado de Petro, defendía al entonces alcalde de Bogotá diciendo que "Si algo se ha caracterizado Gustavo Petro es por ser un hombre honesto, que ha desenmascarado y perseguido a las mafias del Distrito". Hoy dice que "Petro es el fondo de la basura". Sobre el proceso de paz con las Farc pasó de sostener que "Yo sería partidario de que el señor Timochenko no pagara un día de cárcel" a llamarlo "mal llamado proceso de paz".

Su programa de gobierno tiene más peso del que sus críticos reconocen. Proyecta un crecimiento económico del 7% anual mediante un ajuste fiscal de 70 billones de pesos y desregulación masiva. En seguridad promete recuperar control territorial en noventa días con drones, inteligencia artificial y fumigación con glifosato. En salud planea diez billones para sanear deudas, garantizar tratamientos oncológicos y llevar medicamentos a domicilio. Para la juventud ofrece universidad virtual gratuita y créditos Icetex al 2%. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, le da credibilidad fiscal. Sin embargo, analistas han señalado tensiones internas: promete ajuste fiscal de 70 billones mientras se compromete con gastos que no siempre cuadran, y su admiración por Javier Milei choca con su promesa de regular el precio de la leche.

Quienes lo conocen de cerca hablan de aspectos que los titulares no capturan. Restrepo lo describe así: "Lo que más me ha sorprendido es su personalidad generosa. Tiene una personalidad que reconoce cómo debe complementarse con los demás para construir un buen gobierno. Eso es la demostración de un estadista". Gente de su equipo dice que "no es solo el vacile costeño, es que él es noble cuando uno lo conoce". Su esposa, Ana Lucía Pineda, es su "polo a tierra". Pero sus ataques a periodistas son un flanco real de crítica: hay un patrón de condescendencia que sus propios aliados han tenido que matizar públicamente. Restrepo ofreció un "compromiso de respeto por la prensa y con la mujer", reconociendo implícitamente que hay algo que comprometer.

Según la mayoría de encuestas, De la Espriella pasaría a segunda vuelta contra Iván Cepeda. Allí enfrentaría el desafío de crecer hacia el centro, una tarea difícil para quien tiene como base electoral voto duro de derecha y voto que no se declara públicamente pero vota con convicción. A esa base y al propio candidato parece no importarle demasiado el debate sobre sus contradicciones y el origen de su fortuna. Lo que está en juego es la disputa por el poder. Y esa, como él sabe mejor que