Hace 78 años, los palestinos fueron expulsados de sus aldeas para dar paso al Estado de Israel. Hoy, cuando conmemoran ese desastre conocido como Nakba (catástrofe en árabe), esa expulsión de más de 750.000 personas sigue siendo una realidad viva. Lo que comenzó en 1948 con la destrucción de 531 ciudades y aldeas palestinas y el desplazamiento de alrededor del 80 por ciento de la población se repite ahora en Gaza y Cisjordania bajo las políticas del gobierno de Benjamin Netanyahu.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, hizo escuchar su voz en la Organización de Naciones Unidas este viernes, denunciando lo que considera una catástrofe sin fin. En sus palabras quedó claro el sentimiento de que nada ha cambiado en décadas: "Israel, el poder ocupante ilegal, continúa cometiendo crímenes contra nuestro pueblo y ha perpetrado genocidio en la Franja de Gaza". Abbas también marcó un punto fundamental sobre la realidad en Cisjordania: "Israel continúa matando y arrestando a nuestra gente" y "expande sus crímenes a través del terrorismo de los colonos, la acelerada expansión de asentamientos y anexión".

En Gaza, la magnitud del desastre humanitario es sin precedentes. Desde octubre de 2023, la invasión israelí ha matado a más de 72.000 personas según las autoridades palestinas, ha destruido más del 85 por ciento de los edificios y ha obligado a desplazarse múltiples veces a más de 2 millones de habitantes. Los supervivientes permanecen hacinados en menos de la mitad del territorio, rodeados por fuerzas israelíes que, incluso durante el cese al fuego, han expandido silenciosamente los límites de su ocupación. La entrada de ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente, mientras las negociaciones avanzan lentamente sin resolver los problemas de fondo.

Las historias personales cuentan mejor que las cifras lo que significa vivirlo. Yahya Abdelwahid Al Taybi tiene 90 años y huyó de su aldea natal hace 78 años siendo apenas un niño. Vivió décadas en un campamento de refugiados en Gaza con la esperanza de regresar. Luego vino la invasión de 2023 y tuvo que huir nuevamente, esta vez dentro de la franja. Perdió su pierna izquierda en los bombardeos. Hoy vive en una carpa. Pero su mensaje es claro: "No permito ni a uno de mis hijos que salga de esta tierra. O morimos todos juntos o vivimos juntos".

Otra historia es la de Mustafa Mohammad Abu Dayya, de 91 años, nacido en la aldea de Qaqun que fue destruida en 1948. Recuerda que "cerramos la llave y nos fuimos. Pensábamos volver al cabo de unos días. Pero entonces bombardearon el pueblo y borraron sus monumentos". Ese hombre conserva aún la llave original de su vivienda, símbolo del derecho al retorno que los palestinos reclaman. En enero pasado, tropas israelíes lo forzaron a abandonar el hogar que construyó en el campo de refugiados de Tulkarem en Cisjordania. Espera poder regresar algún día, como esperó en 1948.

En Cisjordania, la violencia es constante. Según datos de la ONU, en lo que va de 2026 se han registrado más de 800 ataques de colonos israelíes contra 220 comunidades palestinas, con al menos 15 palestinos asesinados y casi 2.000 desplazados forzados. Mientras tanto, las autoridades israelíes aprueban nuevos asentamientos a ritmos sin precedentes, multiplican las demoliciones de viviendas palestinas y refuerzan los controles militares que aíslan las ciudades y aldeas.

La víspera de la Nakba coincidió con el Día de Jerusalén, cuando decenas de miles de ultranacionalistas israelíes marcharon por la Ciudad Vieja entonando cánticos racistas y atacando a comerciantes palestinos. Durante esa marcha, el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, desplegó una bandera israelí en la Explanada de las Mezquitas donde se encuentra la Mezquita de Al-Aqsa, alterando el delicado equilibrio que rige ese lugar. Un legislador que lo acompañaba fue más allá, realizando rituales provocadores y llamando a "deshacerse de todas las mezquitas y empezar a construir el Templo". Estos actos violaron los términos del statu quo que protege la zona como espacio religioso musulmán. La Organización para la Cooperación Islámica, que agrupa 57 países musulmanes, condenó estas acciones como "una agresión flagrante y una provocación deliberada a los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo".