Colombia tiene más abogados que casi cualquier país del mundo, pero eso no significa que todos puedan pagarse uno. Cuando alguien sin recursos económicos enfrenta un proceso legal, depende del Estado para tener un defensor. Sin embargo, la Defensoría Pública está atravesando una crisis de financiamiento que pone en riesgo ese derecho fundamental.

La alarma la encendió a finales de 2025 la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. En esa época, cuatro mil funcionarios de la entidad pasaron dos meses completos sin recibir sus salarios por problemas presupuestales. Marín explicó que "Nosotros hicimos todos los trámites. He escuchado que esto ha afectado a muchas instituciones, no solo a la Defensoría. No es cierto que los pagos se hagan mes vencido". Agregó que intentó contactar al ministro de Hacienda, pero no obtuvo respuesta.

El problema es más grave de lo que parece. En total, 4.228 defensores públicos verán vencer sus contratos en julio de 2026, precisamente cuando menos recursos habrá disponibles. Faltan 10 mil millones de pesos para renovar esos contratos hasta diciembre. Gerardino León Maldonado, presidente de la Federación de Defensores Públicos, fue contundente en entrevista con El Tiempo: "En julio vencen muchos contratos y existe el riesgo de que se recorte un porcentaje de los recursos, lo que impactaría directamente la nómina de los defensores públicos. Por eso hacemos un llamado al Gobierno para que revise".

Las consecuencias trascienden a los trabajadores afectados. Si se disminuye o elimina el servicio de defensoría pública, cualquier colombiano detenido tendría que buscar urgentemente un abogado particular, algo que la mayoría no puede hacer. León fue específico: "Esto implicaría que, en una audiencia de control de garantías, una persona capturada tenga que salir a buscar de manera urgente un defensor o contratar un abogado particular para que asuma su representación, en lugar de contar de inmediato con un defensor público. Si la persona no ha conseguido abogado y tampoco se le ha designado uno de oficio, al cumplirse 36 horas sin legalizar su situación deberá ordenarse su libertad de manera inmediata". En otras palabras, el sistema de justicia podría colapsar.

La situación se complica aún más con los recortes presupuestales anunciados. Para 2026, la Defensoría recibirá 5% menos que en 2025, y 47% menos que en 2024. A esto se suma el nuevo ajuste para cubrir las deudas de nómina de diciembre de 2025, lo que deja a la entidad prácticamente desfinanciada.

Ante esta crisis, incluso el presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, ha tenido que intervenir como intermediario entre la Defensoría y Hacienda. La Corte Suprema publicó que "Se planteó la necesidad de garantizar los recursos suficientes que permitan la continuidad del servicio de defensoría pública. Se destacó que la Fiscalía y la Defensoría hacen parte del sistema de justicia y que, en el caso de los defensores públicos, en el marco del sistema penal acusatorio, estos son insustituibles y necesarios para el desarrollo de los juicios".

Marín ya había cuestionado la prioridad que el Gobierno le da a esta labor: "¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?". Hasta ahora, la respuesta ha sido el silencio, a pesar de que la defensa de derechos humanos es una de las banderas del Gobierno Petro. Las negociaciones continúan sin resolverse.