En 2020, un entonces gobernador de La Guajira presentó con gran pompa la creación de ESEPGUA como la solución definitiva para acabar con la escasez de agua que ha azotado históricamente al departamento. Era una promesa que sonaba esperanzadora para millones de guajiros que cargan con el peso de una crisis hídrica crónica. Seis años después, esa ilusión se ha hecho añicos. Hoy lo que queda es un rastro de contratos millonarios, obras fantasmas y comunidades aún esperando que la llave del grifo funcione.

El Consejo de Estado le dio la razón legal a ESEPGUA en mayo de 2026, cerrando debates sobre su legitimidad. Pero esa victoria en el juzgado contrasta de manera brutal con lo que sucede en el terreno. La empresa tiene toda la responsabilidad legal del agua departamental, pero el agua sigue sin llegar a los hogares. Es como tener una receta perfecta sobre el papel mientras la gente se muere de hambre. Esta brecha entre lo que dicen los decretos y lo que vive la gente ha convertido a ESEPGUA en un símbolo de cómo la burocracia puede echar a perder hasta las soluciones más urgentes.

La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría han puesto toda su atención en un número que causa escalofríos: alrededor de 300.000 millones de pesos ejecutados en los últimos años que nunca se convirtieron en agua potable para nadie. Los informes de control revelan un patrón que se repite: plantas de tratamiento costosísimas abandonadas bajo el sol del desierto, sin mantenimiento ni gente que las opere. Sistemas de acueducto con más del 70 por ciento de avance que están ahí mismo, sin terminar, consumiendo dinero pero sin generar un beneficio real.

Las investigaciones han identificado tres contratos problemáticos. El primero es el Convenio Interadministrativo No. 046 de 2022, considerado el eje central de todo lo que salió mal. Cerca de 60 proyectos de infraestructura bajo ese convenio presentan suspensiones y ampliaciones de plazo sin justificación real, según la Contraloría. El segundo es el Contrato 741B, que aunque viene de antes de que ESEPGUA existiera, sigue en revisión porque nunca se formalizó su cierre. El tercero es una denuncia penal formalizada sobre cómo se gastaron esos 300.000 millones.

Un análisis forense realizado para los entes de control y el Congreso ha dejado cifras que evidencian una pérdida de recursos sin precedentes. Esos números no son solo datos en una hoja de cálculo: significan pozos que nunca se cavaron, tuberías que nunca se instalaron y, lo más importante, niños que siguen tomando agua contaminada.

Mientras los expedientes judiciales avanzan en Bogotá y Riohacha, en las rancherías de la Alta Guajira la situación es desoladora. Líderes comunitarios han denunciado que ESEPGUA implementó estrategias de "participación digital" con códigos QR y reportes virtuales, algo que es casi una burla en territorios donde hay niños desnutridos y con mortalidad relacionada al agua, pero sin acceso ni a internet ni a electricidad estable. Familias enteras caminan hasta tres horas diarias para conseguir agua sin tratar, y los niños wayúu dependen de camiones cisterna que llegan cuando se les antoja, no según un plan real.

Lo que queda de ESEPGUA es la prueba de que crear una empresa nueva no es lo mismo que resolver un problema. Es solo un intermediario burocrático más que costó millones y no cumplió con lo fundamental. Mientras Contraloría, Fiscalía y Procuraduría avanzan en sus investigaciones, la pregunta que resuena en el desierto guajiro es la más simple y urgente: ¿cuándo llegará el agua?