La parranda que casi rompe todo no logró detener los diálogos de paz. Casi dos meses después de que la fiesta con el cantante vallenato Nelson Velásquez dentro de la cárcel La Paz en Itagüí generara un escándalo nacional, el Gobierno anunció el pasado 22 de mayo que reactiva la mesa de negociación con las estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá. El comunicado fue respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el presidente Gustavo Petro.

Aquella celebración de abril dejó un rastro de consecuencias. El evento, que habría costado alrededor de 500 millones de pesos, se realizó en el marco del cumpleaños de alias 'Pocho', cabecilla de 'La Agonía', y de una posible libertad condicional para alias 'Lindolfo', líder de 'La Oficina'. Ambos son voceros de las conversaciones que se adelantan desde junio de 2023. Lo grave fue que más de un centenar de visitantes no autorizados lograron ingresar al pabellón de alta seguridad del penal. La mesa de paz había sido suspendida formalmente el 9 de abril, apenas un día después de que se confirmara lo sucedido.

Las repercusiones fueron inmediatas. Doce funcionarios del Inpec, incluidos el director y el subdirector del centro penitenciario, quedaron bajo investigación por presuntas omisiones en los controles de ingreso. Además, dos de los internos vinculados al episodio fueron trasladados a otros penales. 'Pocho' fue remitido a la cárcel de Girón, en Santander, como medida disciplinaria.

En el comunicado, la delegación del Gobierno señaló que el proceso de paz ha enfrentado obstáculos por parte de sectores políticos regionales, la Fiscalía General de la Nación y el Congreso, al que acusó de no tramitar un marco jurídico que permita el sometimiento definitivo de estas estructuras delincuenciales.

Desde la Oficina del Alto Comisionado, Otty Patiño reafirmó el compromiso con el proceso, mientras que el presidente Petro relacionó directamente el funcionamiento de la mesa de diálogos de paz con la reducción de homicidios registrada en Medellín en los últimos dos años. Para la administración, estos diálogos siguen siendo una apuesta central para controlar la violencia urbana en la capital antioqueña.