La muerte de Yulixa Toloza sacudió el país. La mujer se sometió a una lipólisis láser en un centro estético clandestino en Bogotá y su cuerpo apareció seis días después en una cuneta de Guaduas, Cundinamarca. Lo que parecía un procedimiento estético se convirtió en tragedia: Medicina Legal determinó que murió por una embolia pulmonar, una de las complicaciones más peligrosas en este tipo de intervenciones.

Aunque el caso ocurrió en la capital, sus ecos llegaron con fuerza al Cesar. Las autoridades departamentales revelaron una cifra alarmante: en todo el territorio cesarense solo hay nueve cirujanos plásticos debidamente registrados y habilitados. La Secretaría de Salud Departamental ha encendido las alarmas ante los riesgos que representa la proliferación de centros de estética no autorizados que ofrecen procedimientos invasivos sin personal calificado ni condiciones sanitarias adecuadas. Este año ya han recibido cuatro quejas formales contra estos establecimientos y el pasado 17 de febrero ordenaron el cierre de un centro en Valledupar donde realizaban cirugías invasivas con personal no capacitado, equipos no permitidos y medicamentos de uso exclusivo médico.

Damaris Romero Chamorro, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, fue contundente al diferenciar entre lo legal y lo peligroso. Afirmó que "la cirugía plástica es una especialidad que en Colombia requiere alrededor de 11 años de estudio, no se aprende en un curso de tres días". Explicó que existe una diferencia crucial: la medicina estética se limita a procedimientos no invasivos como inyecciones de bótox o rellenos, mientras que la cirugía plástica abarca intervenciones quirúrgicas como liposucciones, abdominoplastias o aumento de senos. Estas solo pueden ser realizadas por cirujanos certificados en instituciones habilitadas, con quirófanos acondicionados y anestesiólogos presentes.

El caso de Yulixa es desgarrador. Entró a un lugar llamado Beauty Laser en el sur de Bogotá, que operaba con registro comercial de peluquería. Un barbero le realizó el procedimiento. Horas después fue sacada en estado crítico y subida a un automóvil. Seis días más tarde, hallaron su cuerpo.

Una liposucción realizada correctamente cuesta alrededor de 10 millones de pesos, incluyendo clínica habilitada, anestesiólogo y equipo completo. Esa diferencia de precio con los centros clandestinos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las autoridades recomiendan verificar en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) que el centro esté habilitado, y en el ReTHUS para confirmar que el médico sea especialista titulado. Cualquier irregularidad puede denunciarse ante la Secretaría de Salud, que en casos de reincidencia remite información a la Fiscalía.

Influenciadores locales como Veromakeupglam han compartido en redes sociales decisiones prudentes: desistieron de procedimientos al notar precios demasiado bajos y respuestas confusas del personal. Sus testimonios demuestran que la prevención salva vidas. Las autoridades del Cesar hicieron un llamado claro a la comunidad: no se arriesguen en lugares no autorizados. Lo que parece un ahorro puede costar lo más preciado.