La renuncia de Wilmar Mejía a su cargo en la Dirección de Inteligencia Estratégica de la DNI llega en medio de investigaciones sobre supuestos vínculos entre funcionarios del Estado y Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias 'Calarcá', disidente de las FARC. El exdirectivo confirmó que renunció el mismo 3 de marzo cuando la Procuraduría le levantó la suspensión que lo había apartado de su puesto. Según su relato, regresó apenas unos minutos a su oficina antes de decidir apartarse definitivamente.

Mejía se defendió de manera contundente frente a los señalamientos. Negó conocer personalmente a 'Calarcá' y aseguró que no existen pruebas que lo vinclen con el disidente. Como muestra de su disposición a colaborar, anunció que entregaría voluntariamente su pasaporte, celular y equipos de cómputo a las autoridades para las verificaciones judiciales que consideren necesarias. También cuestionó los procedimientos de la Fiscalía General de la Nación en el manejo de este caso.

El exfuncionario también mencionó al general Juan Miguel Huertas, otro oficial que aparece en el expediente. Según Mejía, la salida del general estuvo ligada a la incautación de drogas en el Meta que supuestamente comprometía a otros uniformados. Además, denunció un presunto intento de la Fiscalía de obtener testimonios en su contra mediante un disidente conocido como 'Leo', condenado a 15 años de prisión, a quien se le habría ofrecido un principio de oportunidad a cambio de declarar contra él y contra Huertas.

El origen del escándalo se remonta a un operativo militar llevado a cabo en julio de 2024 en Anorí, Antioquia. En esa operación fueron decomisados dispositivos electrónicos que pertenecían a 'Calarcá'. En esos equipos, que hoy analiza la Fiscalía, se encontraron correos, chats y documentos que mencionaban a varios funcionarios del Estado, entre ellos Mejía y el general Huertas.

Los archivos hallados sugieren posibles filtraciones de información sensible que habrían beneficiado a la estructura armada, facilitando sus operaciones en zonas como Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar. La gravedad de lo encontrado encendió las alertas sobre un posible nivel de infiltración en instituciones del Estado, lo que llevó a la apertura de investigaciones por parte de la Procuraduría, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa.

El caso ahora está en manos de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán determinar si existieron responsabilidades disciplinarias o penales contra los funcionarios señalados. Por su parte, tanto Mejía como otros implicados mantienen su postura de inocencia y confían en que la justicia establecerá el verdadero alcance de uno de los escándalos más sensibles de seguridad nacional en los últimos meses.