La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia activó las alarmas contra una norma que, según su análisis, amenaza el bolsillo de miles de pequeños y medianos empresarios colombianos. La congresista del Centro Democrático radicó una demanda buscando anular el Decreto 234 de 2026, que fue emitido por el gobierno de Gustavo Petro para ampliar facultades de los sindicatos de mayor tamaño.

El centro de la polémica es directo: el decreto ordena que todas las empresas, sin importar su tamaño ni su capacidad económica, negocien colectivamente con los sindicatos a nivel de sectores industriales. Esto significa que hasta una pequeña panadería o una microempresa en dificultades financieras estaría obligada a sentarse a negociar los mismos términos que negocia una corporación grande. Valencia criticó esto sin rodeos: "El Gobierno no puede crear negociaciones sindicales por sectores obligatorias para todas las empresas, sin importar si están en quiebra o no tienen los recursos para pagar las exigencias. Esto es una sentencia de muerte para las mipymes".

Hay otro aspecto que le preocupa a la congresista: el decreto también obliga a las empresas a entregar información financiera detallada a los sindicatos, información que tradicionalmente se considera confidencial. Valencia argumenta que esto viola derechos de los empleadores y expone secretos empresariales. Además, la norma crea un impuesto que todos los trabajadores deben pagar a los sindicatos, incluso si no son afiliados. Para Valencia, esto es una forma de "extorsión" que viola el principio de libertad sindical.

Lo que genera mayor indignación en Valencia es que el Congreso ya había rechazado estas disposiciones durante la tramitación de la Reforma Laboral impulsada por el mismo gobierno. Según su demanda, Petro estaría usando el decreto como un atajo para implementar lo que el parlamento negó democráticamente, esquivando los controles legislativos. En sus redes, Valencia fue contundente: "A pesar que el Congreso negó estas normas absurdas en la Reforma Laboral, Petro se cree rey y quiere pasar por encima de la Constitución. Le encanta legislar por Decreto".

El contexto económico refuerza los argumentos de Valencia. Según el Ministerio de Comercio, las mipymes generan cerca del 80% del empleo nacional. Obligarlas a cumplir con negociaciones sindicales sin considerar su realidad financiera podría desencadenar cierres masivos, especialmente en sectores que ya están debilitados por la desaceleración económica.

Ahora el balón está en cancha del Consejo de Estado, que deberá resolver si el decreto es constitucional o si Valencia tiene razón en que el gobierno se excedió en sus facultades. La decisión de este órgano judicial impactará directamente a empresarios, trabajadores y organizaciones sindicales en todo el país.