Uruguay toma las riendas del plan latinoamericano contra el hambre que Colombia lideraba

Colombia le pasó la batuta a Uruguay en la coordinación del Plan San Celac 2025, una estrategia conjunta de países latinoamericanos para combatir la pobreza y el hambre. La región muestra avances: la desnutrición cayó por cuarto año consecutivo y 1,5 millones menos de personas padecen hambre que hace un año. Durante su presidencia, Colombia impulsó iniciativas como el reconocimiento de derechos campesinos y el uso de compras públicas para fortalecer la agricultura familiar.
En Cartagena, durante la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino entregó oficialmente a su colega uruguayo Luis Alfredo Fratti la presidencia del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Celac 2025, conocido como Plan San Celac 2025. Este traspaso marca el fin de un año en que Colombia lideró esta iniciativa regional.
Se trata de un acuerdo común entre países de América Latina y el Caribe con un objetivo claro: diseñar políticas públicas que reduzcan la pobreza, mejoren la vida en el campo, adapten la agricultura a los cambios del clima y, sobre todo, aseguren que todas las personas tengan acceso a alimento nutritivo. Es decir, una hoja de ruta para que menos gente pase hambre en la región.
Las cifras que presentó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) durante el evento muestran que el esfuerzo está funcionando. La prevalencia de la subalimentación cayó por cuarto año seguido, llegando al 5,1 por ciento de la población en 2024, cuando en 2020 alcanzaba el 6,1 por ciento. En números absolutos, el hambre afecta hoy a 33,6 millones de personas en la región, lo que significa 1,5 millones menos que en 2023 y 3,5 millones menos que en 2022.
Durante su año al frente, Colombia logró avances puntuales. El gobierno identificó áreas estratégicas para garantizar seguridad alimentaria y, por primera vez en la región, reconoció formalmente al campesinado como sujeto de derechos y merecedor de protección especial. También consolidó las compras públicas como herramienta para fortalecer a los pequeños agricultores: cuando el Estado compra comida local para comedores escolares o programas sociales, ese dinero va directo a las familias que cultivan en sus tierras.
El ministerio también ajustó lo que llaman "minutas alimentarias", es decir, los menús de programas dirigidos a niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres embarazadas, asegurando que la comida respete costumbres locales, cumpla requisitos nutricionales y se compre a productores cercanos. Y destacó el Programa Hambre Cero, que une agricultura familiar, compras públicas, protección social y nutrición en una sola estrategia para eliminar el hambre en territorios que históricamente han quedado por fuera del desarrollo.
Fuente original: El Tiempo - Economía