El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, encendió las alarmas sobre una realidad que está transformando el sistema financiero colombiano: existe una red criminal organizada dedicada a defraudar mediante el mal uso de la insolvencia. No se trata de personas en genuina crisis que buscan reorganizar sus deudas, sino de un esquema sistematizado donde abogados, centros de conciliación y deudores se alían para evadir pagos.

Las cifras son contundentes. Hace una década apenas se reportaban 400 casos de insolvencia. Para 2025, esa cifra escaló a 20.000. La proyección para este año es aún más preocupante: 35.000 casos. En otras palabras, lo que era excepcional hace diez años ahora es una industria del fraude.

¿Cómo funciona este "cartel de la insolvencia"? Según lo denunciado por Malagón, la estructura involucra la creación deliberada de deudas ficticias. Es decir, generan obligaciones falsas que cumplen los requisitos técnicos para declararse en insolvencia, facilitando procesos de conciliación que terminan beneficiando al deudor fraudulento pero perjudicando a los acreedores reales: bancos, empresas de telecomunicaciones, proveedores.

El abogado penalista Iván Cancino fue claro sobre las consecuencias legales. Los implicados en estos esquemas, desde los abogados asesores hasta los prestanombres que prestan su identidad para actuar como acreedores ficticios, incurren en delitos penales concretos: concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documentos. Si son condenados, terminan en la cárcel.

Pero hay más. Quien recurra a estos trucos queda marcado de por vida en el sistema financiero. Su historial crediticio sufre un daño permanente, los bancos cierran las puertas al crédito formal y el costo del dinero sube para todos porque la desconfianza aumenta. Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, fue enfática: "la figura de la insolvencia fue creada para aquellos deudores que realmente se encuentran en una situación de crisis, no para evadir el pago de las obligaciones". Los abogados que faciliten estos fraudes también enfrentan la pérdida de su tarjeta profesional y consecuencias penales.

El mensaje es simple: la insolvencia existe como salvavidas para quien genuinamente no puede pagar. Pero usarla como estrategia de evasión no es un atajo legal, es un delito que destruye el acceso al crédito y encarecimiento de las tasas de interés para el resto de los colombianos.