En la Universidad Popular del Cesar se desmorona la confianza institucional. El mismo 9 de abril de 2026, con apenas horas de diferencia, el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC emitió dos pronunciamientos radicalmente opuestos sobre la validez de Guillermo Echavarría como rector electo para el período 2026-2030. Es como si dos realidades jurídicas coexistieran en el mismo organismo.

Un grupo de tres miembros del tribunal votó a favor de anular la inscripción de Echavarría, argumentando que no cumplía los requisitos exigidos por la normatividad. Basaron su decisión en el Acuerdo 032 de 1994, que les otorga competencia para verificar requisitos y declarar nulidades en procesos electorales. El acta fue aprobada por mayoría, aunque el presidente y el secretario del tribunal se negaron a firmarla. Ante esa resistencia, los tres miembros que votaron a favor publicaron directamente el comunicado, adviriendo que la negativa a suscribir el acuerdo podría activar acciones disciplinarias y responsabilidades penales por omisión de funciones.

Pero la historia no termina ahí. El presidente y el secretario del tribunal emitieron su propio comunicado negando la existencia misma de esa votación. Dijeron que la supuesta nulidad "no ha sido puesta en consideración ni sometida a votación" y aseguraron que el tribunal "carece en absoluto de competencias" para tomar tal decisión. Pidieron a los medios abstenerse de difundir lo que llamaron "informaciones falsas".

Lo que quedó en evidencia es un tribunal fracturado, sin capacidad de consenso sobre sus propias funciones y competencias. Tres miembros actúan como si tuvieran autoridad para anular un proceso electoral; dos miembros niegan que eso siquiera haya ocurrido. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿cuál decisión tiene validez jurídica? ¿En qué basa un estudiante, un egresado o un profesor su confianza en las reglas del juego institucional cuando ni los árbitros se ponen de acuerdo?

La UPC no puede darse el lujo de transmitir un mensaje así. Una universidad pública tiene la responsabilidad de demostrar que sus propias reglas electorales no son negociables según la conveniencia, y que sus autoridades internas pueden resolver sus diferencias con claridad y legitimidad. Ese daño a la confianza institucional, lamentablemente, ya está hecho. La pregunta ahora es si la universidad logrará cerrar esta herida o si continuará dividida mientras sus rectores disputan la autoridad para gobernarla.