La Procuraduría General de la Nación intensifica su vigilancia en la región Caribe. Acaba de formular pliego de cargos contra el alcalde de Pueblo Bello, Alfredo Bohorquez Gallardo, señalándolo de irregularidades en la forma como ejecutó el Programa de Alimentación Escolar en su municipio.

Lo que está en juego es serio: el programa que garantiza que los estudiantes de las escuelas públicas tengan acceso a alimentación digna durante la jornada educativa. Según el ente de control, se investiga si el alcalde faltó a su deber de asegurar que el PAE funcionara correctamente en las instituciones educativas del municipio. Las sospechas se concentran en lo que pasó durante el arranque del calendario escolar, cuando supuestamente hubo fallas en el alistamiento y puesta en marcha del programa.

Lo delicado del asunto está en cómo la Procuraduría clasificó esta conducta. No es cualquier irregularidad: la calificó provisionalmente como falta grave a título de dolo. Eso significa que, si se comprueba, indicaría que el funcionario actuó sabiendo perfectamente que estaba haciendo algo indebido.

Los hechos que investiga el ente disciplinario ocurrieron entre finales de enero y mediados de junio de 2025. Justamente el periodo cuando un alcalde tiene la responsabilidad más clara de garantizar que los recursos lleguen a donde tienen que llegar: a la mesa de los estudiantes. La actuación la adelanta la Procuraduría Provincial de Valledupar, la oficina regional encargada de estas investigaciones en el departamento del Cesar.