La salud se posicionó como la preocupación número uno de los colombianos. Según un primer estudio independiente de percepción ciudadana elaborado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, el 26,1 por ciento de los encuestados considera que la falta o mala prestación de servicios de salud es el problema más grave del país, superando incluso a la corrupción que apenas alcanza 19,8 por ciento. No se registraba una preocupación tan alta por la salud desde los años de la pandemia de covid-19.

La investigación consultó a 1.560 ciudadanos mayores de edad entre mayo de 2026 en 47 municipios, con un margen de error de ±2,5 por ciento. Los hallazgos revelan diferencias dramáticas entre quienes están afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno y las que operan sin intervención estatal. Solo el 33 por ciento de los afiliados a EPS intervenidas recibió el servicio médico que necesitaba sin dificultades, comparado con 49,5 por ciento en las EPS no intervenidas. En cuanto a medicamentos, la brecha es aún más profunda: mientras 43,5 por ciento de quienes están en EPS no intervenidas recibió todos sus medicamentos, en las intervenidas apenas 25,3 por ciento logró obtener la totalidad de sus fórmulas.

El costo de bolsillo también representa una carga desproporcionada. Tres de cada diez colombianos afirmaron haber pagado dinero directo para acceder a servicios de salud, pero entre los afiliados a EPS intervenidas esa cifra sube a 38,5 por ciento frente a 22,2 por ciento en las no intervenidas. Cerca de un 22 por ciento de la población destina más de 500 mil pesos mensuales de su propio bolsillo en atenciones de salud.

La negación de servicios es otro indicador preocupante. A nivel nacional, 15,6 por ciento de los encuestados afirmó que alguna vez le negaron un servicio que necesitaba, pero en EPS intervenidas esa proporción alcanza 20,6 por ciento, prácticamente el doble que en las no intervenidas donde llega a 10,5 por ciento. La confianza en las entidades también se ve afectada: 30 por ciento de afiliados a EPS intervenidas asegura no confiar en su EPS, comparado con solo 12,8 por ciento en las no intervenidas.

Aunque existe demanda de cambios en el sistema, los resultados muestran que los colombianos no buscan eliminarlo completamente. El 43,6 por ciento respalda una reforma general, pero apenas 30,4 por ciento está de acuerdo con la desaparición de las EPS. De hecho, el 57,6 por ciento considera que Estado y sector privado deben compartir por igual la responsabilidad en la prestación de servicios de salud. El 31,5 por ciento cree que la responsabilidad principal debe estar en el Estado, mientras solo 11 por ciento la asigna principalmente al sector privado.

Los investigadores señalan que los colombianos perciben un sistema deteriorado pero exigen mejoras en calidad, oportunidad y acceso, no su desmonte total. Los afiliados a EPS intervenidas reportan las mayores dificultades en medicamentos, citas médicas, confianza institucional y gastos de bolsillo. El estudio continuará con análisis más detallados por región, edad, nivel socioeconómico y tipo de asegurador para construir una visión más completa sobre la experiencia real de los pacientes colombianos.