El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Universidad Nacional de Colombia encabezan el ranking de instituciones educativas con mayor patrimonio en el país. Así lo reveló un análisis del Observatorio de la Universidad Colombiana que examina cómo el sector enfrentará el polémico impuesto de patrimonio que el Gobierno estableció mediante decreto por la emergencia económica.

Según el informe, de las 306 instituciones de educación superior que funcionan en Colombia, se recopiló información financiera de 214. En total, estas instituciones tienen un patrimonio de aproximadamente 60 billones de pesos. Sin embargo, esta cifra refleja la diferencia entre sus activos (83,2 billones) y sus pasivos (24,1 billones). El Sena lidera con un patrimonio de 5,9 billones de pesos, seguido por la Universidad Nacional con 5,1 billones. En tercer lugar está la Universidad Externado de Colombia, una institución privada, con casi 4,7 billones de pesos.

El decreto que implementa este impuesto grava con el 0,50 por ciento el patrimonio de todas las personas jurídicas que superen los 10,474 millones de pesos. La medida no afecta a universidades públicas, pero sí a las privadas. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), entre 75 y 80 instituciones educativas privadas deberán pagar este impuesto, lo que representaría un costo aproximado de 135 mil millones de pesos para todo el sector.

El problema central que plantea el sector educativo es conceptual. El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascun, señaló que "no es justo y es conceptualmente equivocado presentarlas (a las universidades) como un conglomerado de élite desconectado de la realidad social". Por su parte, el exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, aseguró: "Esto es una barbaridad. Las universidades privadas en Colombia por ley son sin ánimo de lucro. Cobrarles impuesto de patrimonio afectará a sus estudiantes".

La razón de esta resistencia está en que las universidades clasifican como organizaciones sin ánimo de lucro. Su patrimonio no representa riqueza acumulada sino infraestructura: laboratorios, aulas, auditorios y equipamiento destinado a la formación de estudiantes. El Observatorio aclara que los números de patrimonio reflejan la realidad financiera de las instituciones, pero son diferentes de sus resultados anuales. Muchas universidades públicas, por ejemplo, han mejorado su situación financiera en los últimos años gracias a las transferencias estatales y programas de gratuidad, lo que les permitió reducir deudas pensionales e invertir en infraestructura.

Las universidades privadas, a diferencia de las públicas, tienen patrimonios más volátiles y menos anclados en bienes inmuebles de gran valor. Este factor aumenta la incertidumbre sobre cómo este impuesto podría afectar su capacidad de inversión en educación. El sector espera que el Gobierno revise la medida considerando la naturaleza sin ánimo de lucro de estas instituciones.