En San Andrés está pasando algo que da para preocuparse: hay un megaproyecto universitario que ya está moviendo millones de pesos públicos, pero la universidad para la cual se invierte todavía no existe jurídicamente. Mientras el Gobierno del presidente Gustavo Petro promueve la llamada Universidad Raizal del Caribe, en realidad quien tiene reconocimiento oficial es el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés (INFOTEP), que hace poco obtuvo autorización para transformarse en institución universitaria. El Ministerio de Educación formalizó este cambio mediante resolución en marzo de 2026. Pero lo que pasa después es donde empiezan los problemas.

El proyecto contempla 8 mil millones de pesos para comprar un terreno en el sur de la isla, más 12 mil millones adicionales para construcción en apenas 4 meses. En total, más de 20 mil millones canalizados a través de la Universidad de Caldas, una institución que no tiene tradición académica en el archipiélago pero que terminó intermediando la compra del predio y quedó como copropietaria del terreno. Esto es lo raro: ¿por qué una universidad del interior del país está al frente de un proyecto insular? El terreno de 8,82 hectáreas quedó distribuido así: INFOTEP con 3,52 hectáreas (39,9%), la Reserva Universidad Raizal con 3,80 hectáreas (43,1%) y la Universidad de Caldas con 1,50 hectáreas (17%). En cifras parece menor, pero en la práctica la Universidad de Caldas tiene frente directo a la vía pública, una posición estratégica en términos de acceso. INFOTEP y la futura Universidad Raizal quedarían en la parte posterior, dependiendo de una vía interna aún sin definir. El propio INFOTEP pidió que "se debe definir técnicamente un esquema de acceso vial equitativo" y consideró una vía central, lo que evidencia que hay desconfianza sobre si los intereses locales van a prevalecer.

Las alarmas llegan desde todas partes. INFOTEP advierte públicamente sobre falta de planificación integral: no hay diseño maestro del campus, no existen estudios técnicos completos y se desconoce cómo va a estructurarse el proyecto en su totalidad. "¿Cómo se pretende adelantar la intervención del predio sin contar previamente con estudios, diseños o una planificación integral?", cuestionan desde la institución. Además, hay incertidumbre financiera: no está claro quién pagará servicios públicos, mantenimiento y vigilancia. INFOTEP, que ya tiene su sede en North End, avenida Colombia, advierte que no cuenta con presupuesto ni para mantener su sede actual, mucho menos para asumir costos de una infraestructura nueva.

El terreno presenta problemas técnicos serios. Está en una zona de alta incidencia de huracanes y fenómenos ciclónicos, sin estudios de suelo, sin red de acueducto, sistema sanitario ni recolección de residuos. El terreno está en un área con características forestales y asentamientos dispersos. Pero hay otro obstáculo legal que contradice toda la prisa: el proyecto está en territorio de población raizal, lo que obliga por ley a hacer Consulta previa. Este trámite puede tardar mucho más de los 4 meses que el Gobierno proyecta para la ejecución, lo que abre la puerta a que el proyecto sea declarado nulo si no se cumple este requisito.

Y aquí viene lo que quizás es más preocupante: ¿hay estudiantes para sostener esto? Las islas gradúan aproximadamente 700 bachilleres al año. Muchos se van al interior del país a universidades principales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. La Universidad de Caldas ya abrió convocatoria pero solo 2 estudiantes se han inscrito (uno en San Andrés y uno en Providencia). Cada programa universitario necesita mínimo 25 estudiantes. Eso pone en serio riesgo la sostenibilidad del modelo académico. San Andrés ya conoce lo que es perder plata en proyectos abandonados: el Centro de Educación Media Diversificada (Cemed), a menos de cuatro kilómetros de donde está el futuro campus, se llevó casi 12 mil millones en inversión pública, está sin terminar, en ruinas y abandonado. Los ingredientes se repiten ahora: prisa política, planeación débil, conflictos institucionales y baja demanda de estudiantes. El riesgo es que el dinero termine financiando un campus vacío. El fortalecimiento de la educación superior en San Andrés es necesario, nadie lo discute. Pero las preguntas de fondo siguen sin respuesta: ¿por qué una universidad externa lidera el proceso?, ¿se está privilegiando a un actor sobre instituciones locales?, ¿hay realmente planeación o solo ejecución apresurada? El caso muestra la tensión clásica en Colombia entre la urgencia política de mostrar resultados y la necesidad técnica de hacer bien las cosas.