La Procuraduría avanzó este 4 de mayo en el caso que ha generado preocupación en el país: formuló cargos contra el mayor del Ejército Sammy Hernesto Rodríguez Lemus, quien se desempeña como edecán de la Presidencia. La decisión llega tras la denuncia presentada por una oficial de la Policía Nacional del municipio de Bucaramanga, cuyos testimonios y pruebas abrieron la investigación hace varios meses y generaron amplia reacción pública.

Los hechos que originaron la acusación ocurrieron el 13 de mayo de 2025. Según el relato de la oficial, ella aceptó trasladar al mayor en su vehículo particular. En ese momento, el hombre se encontraba en aparente estado de embriaguez. Su hijo, un menor de edad, viajaba con ella. Durante el trayecto, el mayor comenzó a hacer comentarios inapropiados, tocándola sin consentimiento. Cuando ella pidió respeto, él intensificó la conducta tocando sus senos. Lo más grave fue lo que sucedió después: según la denuncia, también intentó tocar al hijo de la mujer de forma inapropiada.

La oficial detuvo el automóvil de inmediato y pidió ayuda, decidida a proteger su integridad y la de su hijo de 12 años. En ese momento, según su testimonio, el mayor proferió insultos y amenazas contra ella, diciéndole: "Perra, malparida, hijueputa... devuélvame el celular... la voy a enviar para la mierda y no la voy a dejar ascender porque yo trabajo con Petro".

Días después, Rodríguez Lemus intentó comunicarse para disculparse por teléfono, pero la oficial ya había presentado su denuncia ante las autoridades. Consideró que los hechos eran lo suficientemente graves para no permanecer callada. La Procuraduría ha manejado el caso bajo enfoque de género, reconociendo que la oficial se encontraba en una posición de poder desigual al ser subordinada del denunciado.

El mayor, en declaraciones a Caracol Radio, rechaza las acusaciones. Según sus palabras, "nunca realicé actos de naturaleza sexual ni conductas constitutivas de acoso", y atribuye lo sucedido a "una situación de discusión y confusión generada por la pérdida del teléfono celular institucional". Sin embargo, la Procuraduría concluyó que existen elementos suficientes para avanzar a juicio por una presunta falta gravísima. Es importante aclarar que la formulación de cargos no constituye una sentencia condenatoria, sino el inicio formal del proceso penal.