En los pasillos de la Universidad del Magdalena, el comercio informal estudiantil se convirtió en un fenómeno cotidiano. Durante años, mientras estudiantes iban de aula en aula, otros aprovechaban los descansos para vender dulces caseros, comidas rápidas, accesorios y bebidas. Aproximadamente 500 jóvenes encontraron en esta actividad la manera de costear su carrera: transporte, materiales, útiles. Para muchos, no era un lujo sino una necesidad. "Yo vendo porque si no, no podría pagar transporte ni materiales. Mis papás ayudan, pero no alcanza", relata Laura Sánchez, estudiante de séptimo semestre que durante dos años comercializó postres caseros entre clases.

Pero este año, la tolerancia terminó. El rector Pablo Vera Salazar decidió intervenir tras recibir quejas que evidenciaban, según su explicación, que el fenómeno ya no era exclusivamente estudiantil. La Rectoría alegó que actores externos comenzaron a infiltrarse aprovechando el desorden, algunos incluso intentando distribuir sustancias psicoactivas. "Esto había necesariamente que controlarlo y no con una política de prohibición, sino de formalización y regulación", afirmó el rector. La respuesta fue la creación de una Zona de Emprendimiento: un espacio de 730 metros cuadrados con 64 módulos equipados, energía, ventilación e internet, construido con una inversión cercana a 998 millones de pesos con apoyo del Gobierno Nacional.

La medida se vendió como un avance. Hoy operan cerca de 70 unidades productivas estudiantiles en ese espacio, acompañadas por mentorías del Centro de Innovación y Emprendimiento. Los números que presenta la universidad son alentadores: los proyectos formalizados generan en promedio 99 empleos mensuales, registran crecimiento del 20 por ciento en clientes y alcanzan ventas superiores al millón setecientos mil pesos por unidad. Para María Camila Gutiérrez, una emprendedora que logró formalizar su proyecto, el cambio fue positivo: "Antes vendía caminando todo el día. Aquí tengo un punto fijo y más confianza de los clientes. Mi negocio se ha potenciado".

Sin embargo, la celebración no fue universal. El principal problema es matemático: hay más de 500 vendedores pero solo 64 módulos disponibles. Andrés Rojas, estudiante que vende sándwiches artesanales, expresa la preocupación de muchos: "El problema es que somos muchos más. Si solo algunos pueden entrar, ¿qué pasa con los demás?". Para estos jóvenes, la formalización no representa oportunidad sino exclusión. Muchos dependen totalmente de estas ventas para continuar estudiando y no tienen alternativa visible en el nuevo esquema.

El debate se avivó cuando recordaron en redes sociales que el propio rector, en sus inicios, fue vendedor ambulante en playas y calles de Santa Marta. El directivo respondió directamente al cuestionamiento: "Sabemos que muchos estudiantes venden para apoyarse económicamente y eso es legítimo. Yo lo hacía. Precisamente por eso queremos que lo hagan en condiciones adecuadas y seguras". La respuesta suena reconocedora pero no resuelve el problema de fondo: los espacios simplemente no alcanzan para todos.

Más allá del emprendimiento, la universidad argumenta que la regulación responde a una necesidad de seguridad. El ingreso de personas externas que aprovechaban el desorden para operar dentro del recinto preocupaba a estudiantes y docentes. Por eso, la institución también anunció fortalecimiento de controles de acceso. "Quien ingresa debe ser estudiante, profesor o visitante autorizado. No es burocracia, es protección colectiva", explicó Vera Salazar.

Lo que sucede en el Magdalena refleja una tensión real en toda la educación superior colombiana: estudiantes que estudian mientras luchan por sobrevivir económicamente. La formalización intenta equilibrar dos necesidades que parecen enfrentadas: el derecho de los jóvenes al rebusque y la obligación institucional de garantizar orden y seguridad. Mientras algunos ven en esta Zona de Emprendimiento una puerta de crecimiento empresarial, otros aún esperan un lugar dentro del modelo. La disputa sigue abierta, y el reto real será lograr que nadie quede excluido del proceso.