En la vereda La Cristalina, en San Rafael, soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional junto con la Policía de Antioquia ejecutaron un operativo que acabó con cinco faenas mineras que trabajaban al margen de la ley. Estos proyectos no contaban con título minero ni con licencia ambiental, lo que significa que estaban causando daños graves al entorno natural de la zona.

Durante el allanamiento, los uniformados no dudaron en meterse a fondo contra la maquinaria. Incautaron y dejaron fuera de servicio tres dragas tipo buzo (equipos sumergibles para extraer oro del fondo del agua), seis motobombas, cuatro compresores de aire, tres clasificadoras y seis mangueras de succión. Todo ese equipamiento fue retirado de la zona para evitar que volvieran a usarlo.

Lo interesante es que este golpe operativo no solo afecta a quienes estaban minando ilegalmente, sino que golpea las economías oscuras que sostienen este negocio. Las autoridades calculan que las pérdidas económicas para estas estructuras superan los 73 millones de pesos. No es poca cosa cuando hablamos de frenar las ganancias de operaciones clandestinas.

Las autoridades militares explicaron que estas intervenciones van más allá de capturar equipos. Buscan debilitar los circuitos financieros de la minería no autorizada y, al mismo tiempo, reducir el daño ambiental que estas actividades causan en los ecosistemas antioqueños. El agua contaminada, los ríos alterados y los suelos degradados son consecuencias reales que afectan a las comunidades locales.

El Ejército y sus aliados en esta lucha anticriminal prometieron seguir con operativos similares en diferentes zonas de Antioquia. La intención es clara: recuperar el control territorial en áreas donde la minería ilegal se ha metido como una espina difícil de sacar.