Una huelga que comenzó el viernes 20 de febrero tiene en vilo a millones de colombianos. Los trabajadores de ESSA, la empresa que distribuye electricidad en Santander, iniciaron su paro laboral luego de meses de negociaciones fallidas con la empresa y los ministerios del Trabajo y de Minas y Energía. Lo que pasó en esas mesas de diálogo no fue suficiente para cerrar el conflicto.

Para entender por qué tanto alboroto por un paro laboral, hay que mirar los números: casi un millón de personas dependen del servicio de ESSA en 102 municipios repartidos entre Santander, Cesar, Magdalena, Córdoba, Bolívar y Sucre. Cuando una empresa apaga las luces en una zona tan grande, no es solo un problema de comodidad. Es un problema serio de supervivencia. La Andi, la principal organización de empresarios del país, está en alerta.

Lo que más preocupa a empresarios y autoridades es que la luz se interrumpa en lugares donde no puede haber cortes. Según los datos que maneja la ANDI, hay más de 4.900 "cuentas especiales" que reciben energía constantemente. Hablamos de 517 hospitales y centros de salud donde cada minuto sin electricidad puede significar vidas en peligro. También hay 71 personas que son electrodependientes, es decir, que dependen de máquinas que funcionan con electricidad para respirar o vivir. A esto se suma una larga lista: 47 hogares geriátricos, 3.492 escuelas, 28 cárceles, 10 estaciones de bomberos, 6 aeropuertos y 260 acueductos que distribuyen agua a los pueblos. Incluso nueve sistemas de semáforos dejarían de funcionar.

El Ministerio del Trabajo ha dado un paso que es típico en estas situaciones: el viernes 21 de febrero supervisó el sellamiento de áreas que no son críticas en las oficinas de ESSA. Esto significa que se cerraron legalmente departamentos como el legal, auditoría y otras áreas administrativas, pero se supone que los trabajadores deben mantener mínimo el servicio en lo que importa: la distribución de energía. Es como una huelga a media máquina, donde el derecho a protestar de los trabajadores se equilibra con la necesidad de que la gente siga teniendo luz.

Aquí viene lo complicado: según las leyes colombianas, el derecho de huelga está garantizado en la Constitución. Los trabajadores tienen derecho a dejar de trabajar si sus condiciones no les gustan. Pero la energía es un servicio esencial, lo que significa que su interrupción afecta directamente a toda la población. El Ministerio del Trabajo recordó que el ejercicio del derecho de huelga "debe armonizarse con la protección de servicios cuya interrupción puede afectar de manera grave a la comunidad".

Tanto la ANDI como el Ministerio hacen un llamado idéntico: que sindicato y empresa vuelvan a negociar. La ANDI insiste en que prioricen "el diálogo institucional frente a medidas que puedan comprometer la prestación del servicio". El Ministerio, por su lado, advirtió que si la empresa o el sindicato incumplen sus obligaciones de mantener el servicio esencial, pueden enfrentar investigaciones administrativas y sanciones. El Gobierno también abrió la puerta a facilitar nuevas conversaciones. Por ahora, lo único claro es que miles de colombianos están con la incertidumbre de si mañana tendrán luz en sus casas.