Colombia sigue sangrando por la violencia. En los cuatro años que lleva Gustavo Petro en el gobierno, la Unidad para las Víctimas registró casi un millón y medio de personas que sufrieron los efectos del conflicto armado. De esas, más de 1 millón corresponden a hechos que ocurrieron específicamente entre agosto de 2022 y junio de este año. Las cifras revelan que estamos ante una tragedia humanitaria que no cesa: se suma a los más de 10 millones de víctimas que ha dejado la guerra durante décadas en el país.

Lo más preocupante es que la mayoría de denuncias son recientes. El 72 por ciento de las víctimas reportó hechos ocurridos entre 2022 y 2024, lo que muestra que la violencia sigue golpeando a los colombianos de manera constante. El desplazamiento forzado lidera el listado de crímenes, con más de 1.2 millones de casos registrados. Le siguen las amenazas con más de 308 mil denuncias y los confinamientos forzados con 171 mil reportes. También se registraron casi 66 mil homicidios, más de 15 mil desapariciones forzadas, 5.425 secuestros y 1.318 casos de tortura.

Las regiones del país más golpeadas son el sur y la frontera. Nariño encabeza con 178.160 víctimas, seguido de Norte de Santander con 177.674 y Antioquia con casi 155 mil casos. En los municipios la situación es aún más dramática: Buenaventura en el Valle reportó casi 93 mil víctimas, mientras que Tibú en Norte de Santander tiene 68.489 casos y Tumaco en Nariño 42.020 personas afectadas.

Las universidades y organismos de derechos humanos corroboran esta realidad crítica. La Universidad de los Andes documentó que la extorsión creció 337 por ciento, las amenazas contra civiles aumentaron 70 por ciento y el reclutamiento forzado de menores se incrementó 168 por ciento. Amnistía Internacional fue más lejos en su evaluación reciente: señaló que "los confinamientos y las restricciones de la movilidad humana afectaron mayoritariamente a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que sumaban el 40% de las víctimas". Para esta organización, grupos armados que están en negociaciones con el Estado han seguido delinquiendo en territorios como Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira.