Marisol Montenegro enfrenta una batalla que va más allá de lo médico. Mientras su hijo Robinson Farid, de 8 años, lucha contra la leucemia linfoblástica aguda desde hace año y medio, ella debe enfrentarse a un sistema que, literalmente, lo está dejando sin tratamiento. Dejó atrás su hogar en El Tambo, Cauca, y a su hija de 15 años para acompañar al niño en sus sesiones de quimioterapia en Cali. Requiere 120 sesiones siguiendo un protocolo estricto, pero hace poco algo se torció en el camino.

Todo comenzó cuando la Nueva EPS empezó a emitir las órdenes de autorización con un código que no correspondía a esa institución. Cuatro números equivocados fueron suficientes para bloquear al pequeño de las salas de tratamiento en la Fundación Valle del Lili. Durante cinco semanas, Robinson no recibió quimioterapia. Cinco semanas en las que el cáncer, según explica su madre con la voz quebrada, se reactiva silenciosamente. "Están jugando prácticamente con la vida de mi hijo. Por un error de un código de cuatro números, mi hijo ha perdido cinco semanas de quimioterapia. El cáncer es una enfermedad silenciosa y esto puede ser fatal", denunció Marisol.

La interrupción en estos tratamientos no es un inconveniente menor. Los especialistas son claros: la continuidad es vital en la lucha contra la leucemia. Las células malignas resurgen cuando se suspenden las sesiones, obligando al cuerpo a reiniciar una batalla que ya estaba casi ganada. Para un niño de 8 años, esas cinco semanas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

A pesar del estrés que vive su familia, Robinson mantiene intacto su espíritu. Cursa cuarto grado y sueña con ser bombero para ayudar a otros, tal como ha recibido ayuda en la Fundación Nuevo Amanecer, que les ha brindado hospedaje y alimentos durante esta travesía.

La denuncia pública funcionó. Después de que el caso se conoció, la Nueva EPS aceleró la corrección de los parámetros. Minutos después de las gestiones necesarias, Marisol confirmó que las órdenes fueron finalmente aceptadas y Robinson podría retomar sus sesiones esta semana. Pero la pregunta que quedó en el aire es inquietante: ¿por qué un trámite que se resuelve en media hora de digitación tuvo que esperar cinco semanas, poniendo en juego la vida de un menor?

Este no es un caso aislado. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alertó recientemente en una cumbre de gobernadores que las barreras de acceso a la salud están derivando en un aumento de la mortalidad, especialmente en entidades bajo intervención estatal. "Estamos perdiendo la vida de muchas personas. Hay muchos casos como el de Kevin Acosta en este país que están muriendo por la falta de atención en salud en varias EPS intervenidas por el Gobierno", expresó la funcionaria, haciendo un llamado a priorizar la preservación de la vida.

El problema trasciende lo anecdótico. La Nueva EPS reporta mayores traumatismos operativos, y en el Valle del Cauca la deuda asciende a 6 billones de pesos. El pago de estos pasivos es fundamental para normalizar el abastecimiento de fármacos y subsanar las fallas en la atención. Robinson Farid es el rostro visible de un problema sistémico: cientos de pacientes en Colombia deben luchar no solo contra el dolor de la enfermedad, sino contra códigos, números y un sistema que parece estar en contra de su supervivencia.