Los observadores electorales de la Unión Europea llegaron a conclusiones divididas sobre los comicios legislativos del 8 de marzo en Colombia. En su declaración preliminar del 10 de marzo, reconocieron que la jornada fue pacífica y bien organizada, con un despliegue importante de fuerzas armadas y policía para garantizar la seguridad. Lo que más les llamó la atención fue la participación ciudadana: superó ligeramente el 50%, cifra que representa el pico más alto en elecciones legislativas durante los últimos treinta años en el país.

Pero detrás de esa cifra positiva, los europeos identificaron problemas serios en cómo funcionaron los medios de comunicación. El informe es contundente en este punto: "la televisión y la radio estatales, que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña, favorecieron al presidente, al Gobierno y a los partidos que lo apoyan", mientras que los candidatos de oposición recibieron mucha menos visibilidad. Los medios privados, en cambio, mantuvieron un equilibrio mayor en el tiempo de transmisión, aunque con un tono más crítico hacia el Ejecutivo. Esta desigualdad en la cobertura no fue casual: la Misión también señaló que ministerios y alcaldías emplearon sus redes sociales para difundir mensajes políticos e incluso convocar a protestas, prácticas que violan los estándares internacionales de neutralidad.

La polarización política también se reflejó en el espacio digital. Los observadores identificaron campañas de desinformación dirigidas a varios candidatos: circularon narrativas que presentaban al senador Iván Cepeda como guerrillero y otras que cuestionaban la confiabilidad de Abelardo de la Espriella. El presidente Gustavo Petro contribuyó a amplificar la desconfianza al publicar mensajes en X cuestionando la manipulación de formularios electorales y del software de conteo. Además, la inteligencia artificial se usó para fabricar fotografías, videos y audios falsos que suplantaban identidades de candidatos.

En las redes sociales también hubo violencia contra candidatas. El informe documentó "al menos tres casos" en los que se utilizó esta plataforma para amenazar a un candidato y acosar sexistamente a dos mujeres candidatas. Aunque esto ocurrió, el Consejo Nacional Electoral informó que no había recibido denuncias formales sobre estos hechos, un dato que contrasta con lo reportado por los observadores internacionales.

La seguridad de quienes cubrían las elecciones también preocupó a la misión europea. Observadores denunciaron amenazas contra periodistas en varios departamentos, principalmente por grupos armados ilegales. La Fundación para la Libertad de Prensa registró desde principios de 2026 "numerosos casos de intimidación contra periodistas relacionados con la cobertura de las elecciones". A esto se suma que en amplias zonas poco pobladas del país prácticamente no hubo campaña en medios locales, lo que dejó a muchas comunidades sin acceso real a información electoral.

A pesar de todos estos problemas identificados, Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo y jefe de la Misión, tuvo palabras de reconocimiento: "La jornada electoral del pasado domingo ha puesto de relieve las garantías del sistema electoral colombiano, su compromiso con la transparencia y la determinación del país de llevar las urnas a todo el territorio a pesar de los desafíos". Un balance agridulce que refleja las complejidades de hacer un proceso electoral democrático en medio de polarización, presencia de grupos armados y manipulación de información.