La justicia administrativa cerró un capítulo más del polémico proyecto de nuevos pasaportes colombianos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de la Procuraduría de anular los convenios suscritos con Portugal para la fabricación de estos documentos. El acuerdo, firmado el 28 de julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, movió más de 1,3 billones de pesos y genera ahora obligaciones de devolución de recursos.

El presidente Gustavo Petro no tardó en responder a la decisión judicial. A través de redes sociales expresó: "Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales". El mandatario insistió en que conocía la reacción que generaría su mensaje y señaló que la intención era permitir que Thomas Greg, empresa privada, se adjudicara el contrato.

Los argumentos técnicos de la Procuraduría para solicitar la nulidad son contundentes. El organismo de control encontró que el convenio carece de recursos garantizados para su ejecución. En el acuerdo mismo, según el numeral quinto, se reconoce que "no cuenta con recursos para su ejecución" y que las entidades deberían apropiar fondos en cada año fiscal. Además, la financiación de la Casa de la Moneda de Portugal apenas representa el 21 por ciento del valor total, incumpliendo el requisito legal que exige una participación mínima del 50 por ciento del socio internacional. Tampoco se realizó un proceso competitivo de selección que garantizara transparencia y libre concurrencia, principios fundamentales de la contratación pública.

Otro punto crítico subrayado por la Procuraduría es la capacidad operativa. Según el análisis del Ministerio Público, la Imprenta Nacional de Colombia no tiene la capacidad técnica necesaria para ejecutar el proyecto. Su rol se limitaría básicamente a recibir capacitaciones y gestionar pagos, dejando que la entidad portuguesa subcontrate la mayor parte de la operación. El tribunal determinó que "la nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no es susceptible de ser ratificada por las partes".

Mientras tanto, investigaciones periodísticas han revelado información que agrava la situación. Reportes de El Colombiano documentaron que dos mil pasaportes del nuevo modelo llegaron directamente desde Portugal a Bogotá, como parte de un lote de 193 mil unidades. Esto contradice públicamente lo que Petro afirmó cuando dijo: "ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos. Habrá 50.000 entregados hasta abril y seguirá, por siempre, con una base de datos cuidada por la Imprenta Nacional".

El abogado Nicolás Dupont, quien promovió la acción judicial, argumentó que el acuerdo excluyó injustificadamente al sector privado mediante un convenio interadministrativo. Además, cuestionó la falta de estudios técnicos previos, verificación de costos y comprobación de capacidad operativa. Ahora, con la decisión del tribunal, el Gobierno debe evaluar nuevas alternativas para la expedición de pasaportes y ordenar la devolución de los recursos ya desembolsados.