Tribunal ordena al Gobierno resolver el caos en calificación de invalidez en Colombia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de miles de ciudadanos que esperan dictámenes para acceder a pensiones de invalidez. El represamiento de más de 11.000 expedientes en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez constituye una vulneración del derecho colectivo a la seguridad social. La corte ordenó mantener salas de descongestión y adoptar cambios permanentes en un año para normalizar el servicio.
Un tribunal de Cundinamarca tomó una decisión que afecta directamente a miles de colombianos en situación de invalidez. La sentencia reconoce que existe un represamiento estructural en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, donde se acumulan más de 11.000 casos esperando revisión. Esto ha generado retrasos injustificados en la emisión de dictámenes, que son requisitos esenciales para que las personas accedan a prestaciones económicas como pensiones de invalidez.
El tribunal concluyó que esta congestión prolongada vulnera directamente el derecho colectivo de acceso efectivo a la seguridad social. La demora sistemática en procesos que definen si una persona puede recibir ayuda del Estado no es apenas una falla administrativa, sino un problema que afecta a miles de familias que dependen de estas prestaciones para subsistir.
Aunque el Ministerio de Trabajo ya había creado salas de descongestión que permitieron evacuar miles de casos y reducir tiempos de espera, el tribunal advierte que estas medidas llegaron tarde y siguen siendo insuficientes. El volumen de expedientes pendientes sigue siendo tan alto que no resuelve la crisis de fondo.
Por eso la sentencia ordena mantener funcionando estas salas de descongestión y, en un plazo máximo de un año, implementar cambios estructurales definitivos. Esto incluye evaluar si estas salas deben convertirse en instancias permanentes, ajustar cómo se distribuyen los casos y garantizar que los dictámenes se emitan dentro de los plazos legales establecidos.
Adicionalmente, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez tendrá que presentar informes cada tres meses mostrando el estado de los expedientes, los tiempos de respuesta y cómo está distribuida la carga de trabajo. Un comité de verificación hará seguimiento a que estas órdenes se cumplan.
El fallo envía un mensaje claro al Estado: la eficiencia en seguridad social no es un ideal bonito, sino una obligación concreta. La demora en procesos que definen derechos fundamentales es una vulneración colectiva que exige correcciones de fondo, no solo parches temporales.
Fuente original: El Tiempo - Salud