El ruido excesivo que aqueja a muchos colombianos podría tener alivio en el corto plazo. El Tribunal Administrativo de Santander acaba de darle al Gobierno una tarea clara y con cronograma: poner a funcionar la Ley contra el Ruido que se aprobó hace poco pero que nadie había puesto en práctica.

La orden judicial llegó porque Hernán Morantes, fundador de la Comunidad Legal Derecho Vivo y director técnico del Comité Nacional contra el Ruido, presentó una acción de cumplimiento exigiendo que el Gobierno hiciera realidad lo que prometía la ley. Y tenía razones: los plazos que debían cumplirse entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 pasaron sin que pasara nada.

Ahora el Tribunal fijó los nuevos tiempos. El Gobierno tiene un mes para armar la Comisión de Seguimiento e Implementación de la Política Nacional de Calidad Acústica, y tres meses adicionales para expedir la Política Nacional de Calidad Acústica. Este documento será el que establezca las estrategias nacionales para prevenir, controlar y reducir la contaminación sonora en el país.

Lo que busca esta política es que todos rememos hacia el mismo lado. Que las autoridades nacionales y territoriales trabajen coordinadas enfrentando un problema que muchos viven a diario. El exceso de ruido no es simplemente una molestia: expertos advierten que la exposición prolongada causa trastornos del sueño, estrés, enfermedades del corazón, problemas de concentración y reduce significativamente la calidad de vida de las personas.

Con esta decisión judicial, el Gobierno no tiene escapatoria. Deberá acelerar los trámites y cumplir los nuevos plazos que fijó el Tribunal para poner en marcha las herramientas que la ley ya contempla.