El Tribunal Administrativo de Antioquia cerró una puerta procesal al negar una solicitud de aclaración sobre la orden que suspendió el Decreto 182 de 2026, emitido por el Ministerio de Salud. Los jueces consideraron que las instrucciones dadas ya están lo suficientemente claras y no hay aspectos oscuros que justifiquen modificaciones.

El caso comenzó cuando Víctor Raúl Palacio Bohórquez presentó una demanda contra el Ministerio de Salud cuestionando este decreto. El tribunal respondió el 10 de marzo de 2026 con una medida cautelar que congela la aplicación de la norma mientras se decide si debe permanecer o ser eliminada. Posteriormente, otra de las partes en el juicio, Camilo Carrera Romero, pidió que aclararan si esta suspensión también alcanzaba decisiones que la Superintendencia Nacional de Salud ya había tomado en relación con la EPS Emssanar.

El tribunal explicó que aunque ordenó al Gobierno y a la Superintendencia abstenerse de aplicar el decreto, eso no significa que automáticamente se invaliden actos administrativos específicos ya ejecutados. Los jueces aclararon que "la orden cautelar fue clara al disponer que el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Salud y Protección Social, y la Superintendencia Nacional de Salud deben abstenerse de materializar las disposiciones contenidas en el decreto 182 de 2026 mientras se decide de fondo el proceso".

El tribunal también rechazó la solicitud porque consideró que no buscaba resolver una verdadera duda, sino reinterpretar el alcance de la medida, algo que no es función de este tipo de recurso. Con esta decisión, la suspensión del decreto permanece vigente.

Para entender qué está en juego: el Decreto 182 buscaba reorganizar cómo funcionan las EPS dividiéndolas por territorios geográficos. Bajo este modelo, cada aseguradora solo podría operar en ciertas zonas y los afiliados perderían la posibilidad de elegir libremente su EPS. Según estimaciones citadas en el proceso, esto habría significado mover a aproximadamente 6,6 millones de pacientes de sus aseguradoras actuales a otras entidades como Nueva EPS, Savia Salud o S.O.S. En algunos municipios, solo una o dos aseguradoras podrían operar.

El proceso judicial continúa su desarrollo normal. La próxima fase crucial será cuando el tribunal emita una decisión de fondo que determine si el decreto debe mantenerse suspendido permanentemente o si entra en vigor.