Un fallo del Tribunal Superior de Bogotá ha presentado una versión muy distinta a la que circuló sobre los disturbios que paralizaron la capital en 2021. La Sala de Decisión Penal, bajo la ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, determinó que los actos de terrorismo y vandalismo que afectaron a Bogotá no fueron una explosión de descontento social, sino una operación cuidadosamente planeada entre células urbanas y grupos armados ilegales.

La investigación reveló, según reportó Noticias Caracol, que varios jóvenes procesados mantenían contacto constante con integrantes del Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez de las disidencias de las FARC. Estos individuos no actuaban por iniciativa propia: recibían instrucciones directas para reclutar a otras personas, adoctrinar jóvenes e infiltrar universidades públicas y privadas con la intención de ejecutar acciones violentas de forma coordinada.

El documento judicial es claro: los acusados operaban bajo un mando unificado para atacar sistemáticamente a la Fuerza Pública y al sistema de transporte Transmilenio. Lo que pasó, según el tribunal, fue mucho más que el ejercicio del derecho a protestar. Se trató de una estrategia de guerra urbana financiada y respaldada por cabecillas de las disidencias, entre ellos los alias Mordisco y Gentil Duarte.

Lo más revelador está en la forma como se coordinaron: utilizaron redes de WhatsApp con nombres de lugares de la ciudad. Había grupos denominados Américas, Carrera Séptima, Autonorte, Autosur y Caracas. A través de estos canales, inducían a manifestantes a cometer delitos graves: quemar y robar buses zonales, bloquear vías principales, sabotear el transporte público y saquear grandes supermercados. Todo respondía a una estructura criminal con propósitos definidos desde arriba.